Complicidad

*Nuevo capítulo del libro Las mujeres del petróleo, escrito por el periodista Belisario Sangiorgio Trogliero.

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Cristal estaba embarazada. Atravesaba la semana número 15 de su embarazo y vivía en la ciudad de Orán, provincia de Salta, junto a sus dos hijos.

No tenía trabajo. Estaba desesperada cuando recibió un llamado de su prima Guillermina Matto Adorno, que le ofrecía viajar a Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, para trabajar como niñera. Así que la joven partió rumbo a la Patagonia.

Cuando llegó a Comodoro Rivadavia la esperaba un auto gris con los vidrios polarizados.

Cristal abrió la puerta y subió.

En el asiento delantero del acompañante estaba su prima.

-¡Hola, Guillermina! – dijo Cristal, feliz y agradecida.

-Vos te vas a ir con él, te vas a ir a un prostíbulo a trabajar. Estás vendida – respondió Guillermina Matto Adorno, señalando a su esposo, que conducía el vehículo.

En ese momento, Ramón Díaz Soto sacó una pistola que llevaba en la guantera. Giró su cabeza, exhibiendo el arma en su mano derecha, y amenazó a Cristal. La joven –paralizada- no pudo responder.

El automóvil se detuvo en la puerta del prostíbulo “Las brujas”. Entraron.

Luego de atravesar la puerta, Cristal fue obligada a desvestirse. Más tarde, la forzaron para que tenga sexo con un ‘cliente’ de aquel antro. Algunos minutos después de aquella violación, sus captores la trasladaron a una pequeña habitación. Allí, le cortaron el pelo y quemaron su documento.

Fue obligada a prostituirse en ese sitio durante todo el día.

Al finalizar aquella trágica jornada, Ramón Díaz Soto –amenazándola con el arma- volvió a trasladarla en un automóvil.

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Cristal no sabe a qué parte de la ciudad decidieron llevarla, pero recuerda que estuvo secuestrada en una habitación pequeña “que compartía con otras cinco mujeres, de entre 14 y 15 años, que también habían sido captadas y vendidas”, según declaró ante los investigadores del Ministerio Público Fiscal. Confirmó también que en ese pequeño lugar no había colchones, sólo sabanas.

La víctima dijo que todas las mujeres eran custodiadas por dos personas que tenían armas de fuego.

Estos mafiosos, a su vez, les daban pastillas para dormir durante el día, y proveían drogas para que las mujeres consuman mientras eran prostituidas durante la noche.

Cristal declaró ante los investigadores que ellas “habrían intentado escapar en varias oportunidades, pero debido a la complicidad policial con los proxenetas” estas fugas “se vieron frustradas”.

En este punto cabe destacar que la víctima informó que “los policías se reían” de las mujeres secuestradas, y que las “conocían debido a que varias veces” las habían alquilado como esclavas sexuales.

A su vez, la víctima agregó que –al advertir un intento de fuga- Ramón Díaz Soto golpeó “de muy mala manera” a algunas mujeres.

Los días transcurrían y Cristal continuaba privada de su libertad. Su madre, en Salta, comenzó a preocuparse. Por lo que realizó una denuncia.

Sorprendentemente, los policías de Comodoro Rivadavia tomaron conocimiento sobre el allanamiento que se realizaría en el prostíbulo ‘Las brujas’, motivado por la desaparición de Cristal.

-Van a allanar – dijo Ramón.

-¿Cómo sabés? – preguntó Guillermina.

-Porque me dijeron, pelotuda. ¿Cómo voy a saber? –

-¿Qué hacemos? – quiso saber la esposa del criminal.

-Dormí a las pibas con las pastillas y nos vamos con todas en dos autos-.

Entonces, Guillermina repartió los sedantes y todos partieron en medio de la oscuridad. Escapaban por las calles de Comodoro Rivadavia.

Pero Cristal no había tomado la pastilla. Aún la llevaba bajo su lengua.

Cuando los criminales se detuvieron a cargar combustible, ella se bajó del automóvil y corrió por la ruta.

Un hombre frenó para ayudarla, le dio dinero, ropa y la dejó en un hotel.

Con los primeros rayos de sol del 26 de febrero de 2012, Cristal pudo advertir que ya no estaba en Comodoro Rivadavia.

Tomó una ducha y se dirigió a una comisaría de la ciudad de Los Antiguos, Santa Cruz, para relatar el infierno por el que acababa de atravesar.

 

Mafia federal

Lostraficantes (2)

Según los expedientes judiciales, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que un grupo criminal que operaba cerca de Bahía Blanca contaba con protección policial para tratar y explotar sexualmente a un grupo de mujeres vulnerables.

En la misma línea falló el 7 de julio de 2017 la Cámara Federal de Bahía Blanca, cuando ordenó los procesamientos con prisión preventiva de dos oficiales de Prefectura Naval Argentina: Eduardo Horacio Gutt (en actividad) y Alfredo Ismael García (retirado). Ambos actuaban junto a otros dos miembros del grupo criminal. Uno de ellos se llama Alberto Martín Vargas y el otro se llama Víctor Hugo Iglesias.

En abril de 2016, durante una serie de allanamientos, al menos 25 mujeres fueron rescatadas de los prostíbulos llamados ‘La esquina’, ‘Broadway’ y ‘El chaparral’.

Todos funcionaban en los alrededores de la localidad bonaerense de Ingeniero White. Cuando los investigadores fueron tras los responsables de estos antros, según un reporte oficial del Ministerio Público Fiscal, descubrieron que “García e Iglesias están imputados en otras investigaciones, ya elevadas a juicio oral, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los prostíbulos bahienses ‘Night Club Kaos’ y ‘Las Vegas’”.

Si bien gran parte de los documentos vinculados a la causa aún no son públicos, el Ministerio Público Fiscal confirmó, por ejemplo, que “a Vargas se le reprocha haber ofrecido, captado, trasladado, acogido y recibido al menos a siete víctimas en situación de vulnerabilidad, rescatadas en el boliche de su propiedad”.

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Por otro lado, informaron que el ex prefecto García “fue el encargado del local ‘Bar Broadway’, donde se habrían realizado los denominados ‘pases’, y es quien se habría contactado con mujeres para ofrecer sus servicios sexuales a potenciales clientes del bar; está acusado de haber captado, acogido y ofrecido a siete víctimas en situación de vulnerabilidad en aquel lugar”.

Son especialmente interesantes los aportes que el MPF visibiliza sobre el empresario Iglesias. Al respecto, el informe dice: “Es el dueño del inmueble donde funcionaba el ‘Bar Broadway’ y fue señalado en las denuncias anónimas como el dueño de otros boliches llamados ‘Kaos’ y ‘Unión’, donde se habría explotado sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. El imputado posee varios camiones cisternas y bateas, donde se habrían concretado los ‘pases’. En la causa se supo de la existencia de antecedentes de solicitudes de habilitación a nombre de Iglesias para el rubro ‘cabaret’”.

Sobre este empresario, agregaron los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones: “Está detrás del negocio de la explotación sexual de mujeres sin ser la cara visible del mismo, siendo esta Alfredo Ismael García, quien ejecuta los pormenores del negocio. A su vez, aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar”.

Por último, el expediente detalla que según pudo averiguarse, el prefecto en actividad de apellido Gutt, “advertía de posibles allanamientos relacionados a cabarets, prostitución y trata en la ciudad realizados por esa fuerza”.

Las mujeres del petróleo

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Las mafias de Santa Cruz

*Adelanto del libro Las mujeres del petróleo, escrito por el periodista Belisario Sangiorgio Trogliero

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El 23 de septiembre de 2017, el obispo de Río Gallegos y los Equipos Diocesanos de Pastoral Migratoria presentaron un informe en el que detallaron que -entre julio de 2016 y julio de 2017- al menos 79 mujeres fueron rescatadas en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.

“Nos sigue preocupando la alta tolerancia social a naturalizar el sistema prostibulario”, dijeron los líderes católicos de la región en aquel documento.

Más allá de la cifra puntual del relevamiento realizado por la Iglesia Católica, al destacar “algunos elementos comunes” detectados en allanamientos realizados en las ciudades de Río Gallegos, Puerto San Julián, Las Heras, Caleta Olivia y Pico Truncado, los religiosos destacan en su informe que en Santa Cruz “las pruebas recolectadas ratifican las denuncias de que el ‘negocio’ de la prostitución conlleva anexos los ‘negocios’ de las drogas y las armas”. 

La violencia expuesta por la Iglesia en su denuncia, también se refleja -como se observará a continuación- en las causas judiciales.

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El 30 de septiembre de 2008, M.E.G abordó un ómnibus en la provincia de Formosa junto a su pequeña hija de dos años. Llegó a la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 3 de octubre.

Allí la esperaba Alberto Domingo Irasmi, que conocía a la madre de M.E.G y –por eso- le había ofrecido un trabajo como empleada de limpieza en una casa de familia.

Irasmi recogió a M.E.G y la trasladó hasta una casa ubicada sobre la calle la Juan B. Justo 332. En esa vivienda apareció una mujer llamada Liliana del Valle López, que dialogó con M.E.G para avisarle que –en realidad- debería trabajar como camarera en un bar.

Fue así que el 4 de octubre por la noche, los criminales trasladaron a M.E.G rumbo a un prostíbulo llamado ‘Graciela’.

Allí –según consta en el expediente judicial- le dijeron que debía prostituirse o “podría pasarle algo a su hija”.

M.E.G pudo escapar, su marido viajó a Río Gallegos para ayudarla y –finalmente- decidió denunciar a quienes la habían engañado mientras recibía –personalmente y por teléfono- una gran cantidad de “amenazas de muerte contra su familia”, detalla el expediente.

En uno de los mensajes de texto, el delincuente Irasmi advierte a M.E.G: “Che, puta. Me enteré que estás por venir a declarar. Ojo con lo que decís. Te voy a romper la boca”.

Finalmente, ante la denuncia de la víctima (que ya estaba en libertad) la Brigada de Investigaciones Zona Sur de la Policía de la Provincia de Santa Cruz realizó diferentes infiltraciones. Mientras llevaban adelante las tareas de inteligencia, identificaron –en una casa llena de menores de edad- a un hombre llamado Esteban Eduardo Flores, que finalmente fue capturado y señalado como el jefe de esta mafia.

Cuando los agentes ingresaron en la vivienda de la calle Horst Thirauf 133, encontraron a “Liliana del Valle López, en compañía de otras cuatro mujeres que trabajaban en el bar ‘Graciela’; el mismo bar adonde forzaron a M.E.G para que se acostara con los prostituyentes que asistían a ese antro para comprar esclavas sexuales.

Los tres miembros de este grupo criminal fueron condenados a penas de entre 4 y 2 años de prisión, porque la Justicia comprobó que cometieron el delito de trata de personas.

Por último, cabe destacar que la Justicia investiga a una cuarta persona, llamada José Roberto Concha, que recibió envíos de dinero en efectivo por parte de López y de Flores.

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En una causa diferente, el 2 de junio de 2017, el fiscal federal Gonzalo Miranda acusó a cuatro personas de Río Gallegos, Santa Cruz, por conformar una red delictiva dedicada a la trata de personas y la explotación sexual.

Este grupo criminal habría operado en una zona conocida como “Las casitas”, adonde funcionaron históricamente los prostíbulos de Río Gallegos. En septiembre de 2011, el vecindario entero fue allanado y allí se rescataron 111 víctimas, según información del Ministerio Público Fiscal.

Los sospechosos investigados regenteaban un antro llamado “Verónica” y en la Justicia se desarrollaron dos diferentes investigaciones –que finalmente fueron anexadas- para desbaratar a esta banda.

La denuncia inicial fue realizada en mayo de 2009. Una mujer se acercó a la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (PROTEX) para denunciar que la muerte de su hija podía estar vinculada con un caso de trata de personas.

La joven llegó a Río Gallegos el 4 de septiembre de 2008. Fue captada por un hombre que permanece prófugo, cuyo nombre es ‘Fabián’.

Según el MPF, cuando arribó a Santa Cruz, “se alojó en el domicilio donde históricamente residían otras mujeres que luego serían explotadas sexualmente en el boliche ‘Veronica’.”

Luego, el informe del MPF detalla: “Al día siguiente, partes del cuerpo de la víctima fueron encontrados en una obra en construcción […] Tiempo después, un hombre se declaró culpable del hecho y finalmente se suicidó”.

Paralelamente, en 2011 una segunda investigación de PROTEX que estudiaba los movimientos de criminales en Río Gallegos, determinó que “un ex comisario” –llamado Horacio Herrera- estaría involucrado con estos grupos de trata de personas, e inclusive podría ocupar un rol clave en la organización ya que –por ejemplo- fue grabado mientras dialogaba con el juez Mario Reynaldi acerca de los prostíbulos.

 

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Protección policial en la Cordillera

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Según documentos oficiales del Ministerio Público Fiscal (MPF), el 6 de octubre de 2015, la fiscal federal subrogante de primera instancia de Esquel, Silvina Ávila, acusó a nueve personas –entre ellas cinco policías- por explotar sexualmente a cinco mujeres en dos prostíbulos de la Patagonia.

Uno de estos antros –llamado “Nilo”- funcionaba en la localidad de Gobernador Costa. El otro prostíbulo –llamado “La tía” – estaba ubicado en la localidad de Sarmiento.

El informe del MPF detalla que la investigadora del MPF solicitó –en base a datos recabados por Gendarmería Nacional-  “allanamientos en los dos prostíbulos sospechados, en dos locales nocturnos, en dos domicilios y en dos comisarías”.

A su vez,  este informe confirmó que entre los imputados había “cinco agentes policiales”, acusados de “prestar colaboración” con los proxenetas, “ya que oficiaban como encargados de seguridad” en el prostíbulo ‘Nilo’. Al respecto, el documento dice textualmente: En los allanamientos que se llevaron a  cabo en las Comisarías de Gobernador Costa y José de San Martín se secuestraron planillas adicionales, en las que expresamente se estableció que cinco agentes cobraron suplementos salariales por haber realizado adicionales en el bar ‘Nilo’”.

En cuanto a la complicidad policial, el informe del MPF detalla: “La colaboración de los uniformados se caracterizó por la realización de servicios adicionales. Es decir que se ubicaban en la puerta del local adonde eran explotadas sexualmente las mujeres, para asegurarse de que no se produjeran disturbios, adentro o afuera. Para la Fiscalía, este aporte debe entenderse como lo suficientemente importante para evitar que las víctimas pudieran siquiera plantearse la posibilidad de concurrir a la fuerza a denunciar. […] La representante del Ministerio Público concluyó a partir de estos datos que la colaboración de la fuerza de seguridad se encontraba, de esta manera, impuesta a los imputados por los propios efectivos”.

Otro pasaje del informe del MPF que vale la pena destacar porque evidencia la complicidad estatal y policial, explica: “Entre los elementos hallados en el prostíbulo ‘Nilo’, se identificaron recibos de pago emitidos por la Municipalidad de Gobernador Costa en concepto de inspección de seguridad de higiene y un certificado de licencia comercial”.

A su vez, los investigadores destacaron que “entre los imputados, se encuentra la dueña de los dos boliches y de los domicilios particulares donde se alojaban las víctimas”.

Un dato indica que estas redes no actúan de forma aislada. El MPF señaló que “dos de las imputadas ya se encontraban procesadas por trata de personas en el marco de otra causa”.

A su vez, sobre el prostíbulo “La tía” de la localidad de Sarmiento, cabe destacar que allí cuatro víctimas fueron rescatadas y –siempre según los informes oficiales del MPF- “se descubrió que dos de las mujeres ya habían sido identificadas en otros procedimientos en diversas jurisdicciones, en el marco de otra causa por el mismo delito”.

Un segundo dato relevante que evidencia las conexiones de los grupos criminales es que durante otra investigación (narrada en el capítulo anterior) los agentes federales allanaron un domicilio y encontraron “documentación relativa a los criminales descriptos en este capítulo. Puntualmente, dentro del antro llamado ‘La Tía’, ubicado en la ciudad de Sarmiento, provincia del Chubut.

Por ejemplo, los federales encontraron “tres recibos de pago de servicios municipales en los que aparece habilitado como ‘cabaret’ en un formulario F.446/C de la DGI […] Asimismo, se encontraron 120 libretas sanitarias de mujeres correspondientes a la Municipalidad de Sarmiento”.

 

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Los brazos de las mafias

*Adelanto del libro Las mujeres del petróleo, que será publicado próximamente por el periodista Belisario Sangiorgio Trogliero

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M.C.N viajaba con los ojos cerrados. Pero los nervios no le permitían conciliar el sueño. Esporádicamente, miraba el paisaje a través de la ventana del ómnibus, y luego volvía a bajar sus párpados para sumergirse en la calma de la oscuridad. Tras esperar algunos instantes, pudo dormirse.

Luego de varias horas, despertó por los gritos de un bebé.

Pese a que el niño interrumpió su descanso, M.C.N permaneció recostada, con sus pequeñas piernas recogidas sobre el asiento.

Cuando escuchó un nuevo grito del bebé, giró su cabeza en dirección al pasillo del colectivo, y pudo notar que la butaca contigua –adonde viajaba su prima- estaba vacía.

Así que M.C.N bajó rápidamente hasta el baño.

-¿Está ocupado? – preguntó la adolescente a una jubilada que viajaba al lado de la escalera.

-Sí. Está ocupado – respondió la mujer.

Entonces, M.C.N apoyó su oreja contra la puerta del baño. Adentro, reconoció la voz de su prima, que hablaba por teléfono: “Ya te dije, Karina. La pendeja tiene 17 años. Te vas a llenar de plata. La podés llevar a Río Gallegos, a La Rioja. Pero necesito que compres ropa. Y también necesito que compres una tarjeta para el teléfono porque me estoy por quedar sin crédito”.

Al escuchar esta conversación, la adolescente regresó presurosamente hasta su asiento, y volvió a recostarse –mirando la ventana- para simular que dormía.

Su prima, Verónica de Jesús Olivera, volvió del baño a los pocos segundos.

-Che. Che. ¿Te dormiste? – preguntó.

Pero M.C.N no respondió, y Verónica tomó un atado de cigarrillos, dejó el celular en el asiento, y se dirigió a la cabina de los choferes para fumar con los dos gordos tucumanos que manejaban el ómnibus de la empresa Vía Tac.

Fue en ese momento que M.C.N tomó el teléfono de Verónica y llamó a Tucumán. Mientras discaba el número de su madre, le preguntó a un hombre en qué parte de la ruta estaban.

-Falta una hora para llegar a Córdoba – respondió él.

El teléfono sonaba, pero nadie atendía del otro lado, y M.C.N comenzó a desesperarse. Entonces, la joven escribió mensajes de texto a diferentes miembros de su familia para avisar que, algunas horas antes y sin decir nada, había partido desde la terminal de San Miguel junto a su prima, Verónica.

La respuesta fue inmediata, porque todos los miembros de la familia sabían que –tiempo atrás y a muy temprana edad- Verónica de Jesús Olivera desapareció de su hogar. Y sabían que actualmente ella estaba bajo control de algunos despiadados proxenetas que regentean los antros de la prostitución en esas zonas del Noroeste.

Por eso, cuando María Cortez leyó los mensajes que su hija envió desde el ómnibus, no dudo un solo instante.

Se dirigió rápidamente a las oficinas de la División Trata de Personas de la Policía de Tucumán y realizó la denuncia por la desaparición de su hija, M.C.G.

La adolescente creció en un hogar pobre de Tucumán. En 2008, tenía 17 años y pronto obtendría los diplomas necesarios para comenzar trabajar como profesora de danzas folclóricas. Mientras tanto, su madre juntaba cartones en las calles para poder pagar los alimentos.

Una tarde en la que madre e hija discutieron, Verónica de Jesús Olivera le ofreció a la adolescente la posibilidad de viajar juntas para trabajar en otra ciudad.

M.C.G aceptó.

Manipulada por su propia prima, robó el documento de una hermana que era mayor de edad. Así, sus captores podrían obligarla a ejercer la prostitución sin riesgos.

Según declara la familia, tres semanas antes, esta prima había comenzado a acercarse a la adolescente.

Todos desconfiaban de ella, que parió un bebé a los 12 años y –por el hambre- quedó cautiva en las redes de prostitución de Tucumán.

Viajaba por todo el país y poco sabían sobre sus andanzas en las casas de sus parientes.

Esta extraña reaparición generaba suspicacias. Pero nadie en aquellos humildes pagos decidió discriminarla ni juzgarla.

Sin embargo, Verónica –probablemente manipulada por la mafia- decidió traicionar a la familia y vender a su pequeña prima como esclava sexual.  En su declaración, se negaría a revelar datos acerca de las personas que le habían encomendado el secuestro de M.C.G.

El día de la desaparición, ambas se dirigieron a la terminal de ómnibus. Alguien –desde Córdoba- ya había comprado los pasajes para viajar hasta puerto San Julián, en Santa Cruz.

Sin embargo, por la denuncia de la madre de la joven, Verónica de Jesús Olivera fue capturada el 22 de mayo de 2008 en medio del camino, tras la articulación de diferentes fuerzas de seguridad ´provinciales. La estaban esperando en una parada programada del ómnibus.

La esposaron y fue obligada a desnudarse en un pequeño baño de una terminal. Luego, agentes policiales la trasladaron hasta un presidio para que sea encarcelada preventivamente. Y los investigadores judiciales se plantearon aquí una pregunta: ¿quién iba recibiría a la pequeña M.C.G en puerto San Julián?

A través de trabajos de inteligencia e intervenciones telefónicas obtuvieron la respuesta: Ana Alicia Taviansky, hija de Elsa Oyarzún y de Pedro Taviansky.

Nació el 7 de octubre de 1951 y tiene domicilio registrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Ella misma admitió administrar un “club nocturno” en puerto San Julián desde 1999. Sobre las pruebas en su contra, dice el expediente judicial que “su actividad principal” y “evidente” era “regentear cabarets y prostíbulos en el municipio” adonde “las mujeres prestaban servicios sexuales”.

Al valorar las pruebas, el Tribunal Oral Federal de Tucumán explicó: “Quedó probado que ésta acusada financió el viaje, ya que la condición de extrema pobreza que tenían tanto la víctima como la imputada Olivera, conforme a los informes socio ambientales realizados respecto de cada una de ellas, y las declaraciones testimoniales de familiares de ambas, permiten afirmar que les hubiera resultado imposible la compra de los pasajes, que fue realizada “en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba”.

En este punto, cabe destacar que si la compra de los pasajes se realizó allí, la red de trata de personas podría tener en esta localidad, al menos, un cómplice.

En su declaración indagatoria, Taviansky intentó limpiar un poco su imagen criminal y –para eso- tuvo que arrojar información sobre otros criminales de la zona y aseguró que, cuando ella fue detenida, en puerto San Julián había al menos otros cinco antros de explotación sexual funcionando.

Finalmente, el 29 de diciembre de 2015, la sala IV de la Cámara de Casación Penal condenó a Taviansky a “la pena de siete años de prisión por considerarla autora penalmente responsable del delito de trata de personas menores de edad con fines de explotación”. Por su parte, Olivera fue condenada “a la pena de tres años de prisión” porque la Justicia considera que fue “partícipe necesaria”.

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