Educación y narcotráfico
Manual para docentes de territorios postergados
República Argentina
(1999-2019)
Los capítulos de este libro se actualizan semanalmente. Esta publicación es una herramienta comunitaria, pública, de acceso gratuito: nadie gana ni invierte dinero por la difusión del material.
Capítulo 1
“Introducción a los sistemas criminales del conurbano bonaerense”*
Hernán trabaja como carcelero para el Servicio Penitenciario Bonaerense. Pómulos de calavera, ojos secos de tanto llorar, tatuajes en sus dedos flacos. “Trafiqué cocaína, marihuana, y asesiné a una persona”, recuerda, mientras una tormenta azul se derrumba sobre las calles de tierra, y él bebe café con la calma tiesa que en el conurbano sólo lucen los muertos y los homicidas.
—¿Usted traficaba y, mientras tanto, trabajaba en las prisiones?
—Sí. Yo llevaba drogas de una barrabrava hasta diferentes puestos de venta de zona sur.
—¿Aún distribuye drogas?
—No. Tiré los últimos cinco kilos en un tacho de basura cuando quise suicidarme. Decidí empezar un tratamiento para dejar de consumir— responde Hernán.
—¿Alguna vez intentaron matarlo?
—Dispararon desde una moto. Yo regresaba con mi hijita de la escuela.
—¿Por qué los narcotraficantes reclutan niños y adolescentes para comercializar drogas?
—Porque la droga, como la corrupción, está en todas las esquinas de Argentina.
Expedientes de diferentes investigaciones judiciales a los que tuve acceso exclusivo revelan que este año dos grandes grupos de narcotraficantes distribuían drogas con protección de la policía en los alrededores de escuelas y centros recreativos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
“La policía bonaerense recluta a los jóvenes de los barrios postergados para los mercados ilegales”, denunció en un reportaje el abogado Rodrigo Pomares, activista y referente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), una histórica organización social, que cuenta con un fuerte arraigo territorial en La Plata y es presidida por Adolfo Pérez Esquivel. “Podemos confirmar que –ilegalmente- niños y adolescentes son detenidos todas las semanas en las comisarías de los barrios”, dijo Pomares. Entre 2010 y 2017 se triplicó en el país la cantidad de adolescentes que aspiraron cocaína, según los informes más recientes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar).
Los barrios del sur de Buenos Aires conforman un laberinto infranqueable de calles sin nombres, riachos contaminados, dolor, viejas estaciones de trenes; un laberinto adonde es posible acariciar –entre el rocío de madrugada y el humo de algún basural- la opresión violenta de la sangre fresca: al menos 377 homicidios durante 2017, sólo en las localidades que se extienden desde Avellaneda hasta La Plata.
Las estadísticas indican que 16,4% de los adolescentes argentinos sienten curiosidad por probar cualquier droga. Y cada cinco estudiantes de las escuelas secundarias que consumen marihuana, al menos uno de ellos fuma para mitigar sufrimientos originados por “problemas personales”. Como Gonzalo, que no conocía ni un cine ni un teatro; hijo de criminales, adicto y prófugo por traficar cocaína. Recientemente, la policía lo capturó durante un operativo en el centro de rehabilitación “El tambo” de la localidad de Rafael Calzada, adonde el joven de 17 años intentaba recuperarse por sus adicciones.
Historias similares recuerdan los operadores estatales del centro de rehabilitación “Cura José Brochero”, ubicado en la localidad bonaerense de Temperley. Allí también recibieron a jóvenes desesperados que intentaban abandonar sus cortas carreras en el turbio submundo del narcomenudeo: “Atendimos a un chico que regenteaba búnkeres para traficantes en la villa Betharram; él ganaba mucho dinero, pero en los grupos de terapia solía decirnos que creció rodeado por delincuentes…que había atravesado situaciones muy complicadas”.
El Obispado de Lomas de Zamora confirmó que en este partido del conurbano los niños se vinculan cuando tienen alrededor de nueve años de edad con los grupos barriales de narcotraficantes. “Las adicciones no son un problema aislado”, dijo el sacerdote Osvaldo Mouriño, encargado de coordinar las actividades pastorales para rehabilitar a los niños y adolescentes que viven en los arrabales de la zona.
Reportes de agentes infiltrados de Gendarmería Nacional a los que accedí de forma exclusiva indican que en Lomas de Zamora, puntualmente en el barrio Villa Albertina, actúa una importante banda de criminales paraguayos que recluta adolescentes adictos para custodiar viviendas identificadas como centros de acopio, fraccionamiento y distribución de cocaína. A su vez, muy cerca de allí -en un barrio llamado Ingeniero Budge- los vecinos advierten por la expansión endémica de focos de venta de drogas, y por la presencia de traficantes armados que se apropian temerariamente de parcelas comunitarias en los asentamientos, según documentos oficiales.
Durante 2017 -en toda la provincia de Buenos Aires- 2.434 niños y adolescentes fueron formalmente detenidos por la policía, y luego imputados: el Ministerio Público Fiscal les atribuye 4.281 delitos. Al menos 1.424 de estos jóvenes delincuentes pasaron la última Navidad privados de su libertad, en centros de menores o con prisión domiciliaria.
***
David conoció por primera vez un centro de menores cuando aún era un inofensivo ratero que hurtaba teléfonos celulares. Cumplió su condena en 2015 –a los 18 años- y regresó al asentamiento, pero ya transformado en un despreciable narcotraficante. Desde entonces, no ha dejado de vender cocaína y paco para los jóvenes que deambulan extraviados por los pasillos cloacales del mismo barrio que lo recibió cuando él llegó junto a sus padres desde Lima, Perú.
“Los centros de menores y los institutos son iguales a las cárceles; ahí aprendés cómo delinquir, peleas con cuchillos para que no te violen y para que no te roben las zapatillas”, dice, mientras abre una pequeña bolsa blanca y sirve prolijamente la cocaína sobre una mesa. Aspira el polvo. Mira el techo durante pocos segundos, después observa la pantalla táctil de su smartphone, bebe cerveza, pasa la botella, abre la puerta de la casa para sentir en su cara el viento leal del Riachuelo; David piensa la noche de los rincones del barrio, piensa en una oscura calma que lo encuentra hoy como tal vez mañana lo encuentre la muerte: solo, con droga en la sangre, mientras recuerda a su hija.
“¡Habla!”. “¡Una bolsa de cincuenta, David!”. “¡Toma, huevón!”. Vende, cierra la ventana y revisa una biblioteca destartalada. Escarba como un minero algo excitado entre sucias prendas de ropa y botellas brillantes de productos de limpieza. Finalmente, elige un disco de música caribeña. Lo coloca dentro del reproductor. Y la televisión –marca Toshiba, 40 pulgadas- escupe una canción del puertorriqueño Héctor Lavoe. David sirve la cocaína sobre la mesa. Enciende un cigarrillo Marlboro, muerde el filtro, observa el humo. Luego, encara con pasos duros hacia una escalera ingrávida, una escalera fina como precipicio que lo lleva hasta el segundo piso de la humilde casilla. Los ruidos indican que abre y cierra cajones.
David baja con una pistola algo oxidada en la cintura. “Ayer le corté el dedo a un paraguayo y tengo miedo de que venga para la revancha”. Inmediatamente, recuerda que hace dos meses alguien intentó asesinarlo. Pero él sobrevivió y se siente fuerte. Ríe. Seca el sudor de su frente con una remera. Tiene los nombres de sus cuatro hijos tatuados en diferentes partes de los brazos. Cansado, decide sentarse y apoya su nuca en el respaldo de un sillón viejo que tiene agujeros y manchas de vino.
Desde allí, desde ese trono miserable, usa una tarjeta de crédito para peinar en rayas la droga, y parece un ángel maldito que pinta un cuadro de odio con pigmentos del infierno: “Me gustaría escribir un libro…cuando salí de la cárcel comencé con los talleres de poesía en el centro cultural del barrio…pero dejé de ir porque me pedían que participe, que me involucre …dejé de ir porque no quiero joder a las personas del barrio con las cosas que yo hago…no puedo dar apoyo escolar para los nenes y vender droga”.
Sus amigos –o esos peruanos que dicen ser sus amigos- dejan que David hable. Ellos no hablan. Voraces agarran la droga cuando él la suelta, como palomas hambrientas, y luego se pierden entre los charcos de agua estancada del pasillo; salen cada diez minutos para comprar cervezas y cigarros. David se droga con ritmo, y exhibe un carácter peligroso.
Aspira y aspira. Levanta la cara de la mesa mientras agarra su nariz. “Hace cuatro meses que esa puta no me deja ver a mi nena, y mi hija está enfermita…necesita a su papá…pero esa puta…mi esposa…por eso la cagué a palos…porque es una puta”, dice en voz baja, con un tono vehemente pero disuelto en vergüenza. Aprieta los dientes. Y sus ojos se congelan lentos mientras él mira unas imágenes religiosas que descansan celestes sobre la mesada de la cocina del búnker.
—¿Esas estatuas de la Virgen son tuyas?
—Son de mi vieja. Yo no creo en nadie. Me va pasar todo lo que me tenga que pasar.
***
Durante diferentes entrevistas, dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que desde enero de este año el Poder Ejecutivo bonaerense intenta, inconstitucionalmente, desplegar agentes del Servicio Penitenciario (SPB) en los institutos adonde son alojados los menores en conflicto con la ley. Estos centros de detención están bajo control del Ministerio de Desarrollo Social porque la legislación argentina y los tratados internacionales de Derechos Humanos prohíben designar efectivos de las fuerzas de seguridad en cualquier tarea relacionada con la reinserción de niños delincuentes.
“Las nuevas generaciones del conurbano bonaerense fueron empujadas al desierto de la exclusión, y los barrios son infiernos; son cárceles a cielo abierto adonde la población es controlada por mafias que gozan de impunidad y de la tolerancia estatal. Para estos adolescentes -muchas veces- no hay otra opción que los delitos organizados…son reclutados por la policía”, denunció la abogada Laura Taffetani, referente de la Asociación Civil Pelota de Trapo y representante legal de la familia de Federico Zalazar, un joven que fue asesinado pocos meses atrás dentro de un centro bonaerense de detención para menores.
El pasado 8 de abril, Federico Zalazar llamó a su madre desde un teléfono público de la cárcel de menores, y advirtió que el Servicio Penitenciario Bonaerense estaba provocando, infundadamente, enfrentamientos entre jóvenes de diferentes pabellones. Pocas horas después de aquella comunicación, Federico murió porque otro preso adolescente le asestó ocho puñaladas en el cuello con una lanza casera de 63 centímetros: las primeras investigaciones sobre este crimen evidencian que aquella noche alguien repartió una gran cantidad de fármacos entre los internos del instituto.
Marcelo Brizuela y Fernando Fernández, militantes de ATE y asistentes sociales en una cárcel de menores de Lomas de Zamora, dijeron en una entrevista que el perímetro externo del instituto adonde ellos trabajan es custodiado por la policía bonaerense, y sin embargo -en el interior de la prisión- casi cien adolescentes detenidos pueden acceder cómodamente a drogas y teléfonos.
“Junto al incremento de la cantidad de detenidos, asistimos a la profundización del proceso de carcelización de centros para jóvenes mediante la creciente incorporación de agentes penitenciarios […] y la reproducción de prácticas arraigadas en la cultura institucional de las prisiones para adultos”, explica un informe de este mes sobre el estado de las cárceles de menores que fue elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Funcionarios bonaerenses de la primera línea de los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social rechazaron la posibilidad de aportar datos y responder preguntas vinculadas con las diferentes denuncias de esta crónica periodística.
*En mayo de 2018, este artículo ganó el premio a la mejor crónica periodística otorgado por el diario LA NACIÓN y la Universidad Torcuato Di Tella.
Capítulo 2
“Introducción a la historia del narcotráfico en las villas porteñas”*
Los rincones ocultos de las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires son puntos geográficos codiciados entre los narcos. Primero, por la inmensa cantidad de personas que habitan en todos los barrios de las comunas 1, 4, 7, 8 y 12, algunas de ellas con más de 200.000 vecinos. Y luego, porque para los traficantes que operan en Capital Federal el proceso que deben enfrentar a la hora de ‘blanquear’ sus ganancias no presenta dificultades insalvables.
Según el informe global sobre producción y venta de drogas publicado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos la Argentina “no tiene una estrategia para prevenir el lavado de activos”. Más allá de que el documento destaca los esfuerzos gubernamentales para mejorar este punto débil, se subraya también que el país es atravesado diariamente por un flujo multimillonario de dinero procedente “de falsificaciones, tráfico de drogas, transacciones que intentan legitimar capital y otros delitos de contrabando”. Este último factor se suma, por otro lado, a la existencia de “un gran sector informal que crea oportunidades adicionales para inyectar ganancias ilícitas” y el persistente funcionamiento “de casas de cambio no reguladas”.
La historia de la persecución del narcotráfico en las villas de la Argentina tiene un hito: el 19 de julio de 1989, frente al firme avance de grupos criminales y la expansión endémica de las redes barriales y transnacionales de venta y exportación de drogas, el Poder Ejecutivo Nacional creó un organismo especializado en el diseño de estrategias preventivas y de seguridad.
A través de los decretos 271 y 272 se fundó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). En 1991, dos años después, el decreto presidencial 1148 (vinculado a la activación de este nuevo organismo) confirmó por primera vez que la Argentina asistía a un “grave incremento del consumo de drogas peligrosas, del tráfico ilícito de estupefacientes, del lavado de dinero proveniente de dicho ilícito y de otros delitos conexos”.
En diferentes reportajes, investigadores federales especializados en drogas confirmaron que, tras la creación de la Sedronar en 1989, hubo un periodo de al menos nueve años en que los narcos que controlaban las redes de venta de la Capital expandieron indiscriminadamente sus búnkeres y, aún arropados por una delicada “paz” que permitía convivencias estables entre grupos eventualmente antagónicos, prepararon y entrenaron sigilosamente a sus violentos grupos de soldados.
Ese periodo de calma llegó a su fin el 11 de febrero de 1999, cuando una primera masacre -los tres muertos en la “canchita de los peruanos” de la villa 1-11-14, del Bajo Flores-, terminó de confirmar que el mercado de las drogas no solo estaba saturado sino que había llegado al peligroso punto de una trayectoria irreversible en la que la cantidad de narcos y el total de sustancias en circulación superaban holgadamente la cifra de focos de venta.
Paradójicamente, también en 1999 se realizaría por primera vez un sondeo estadístico en todas las provincias para saber qué tan amplia había sido la expansión del narcotráfico en los barrios de la Argentina. Ese relevamiento sirvió para evaluar, además, qué tan violento había sido el impacto de la proliferación de las redes locales de tráfico de drogas entre las principales víctimas, que pueden separarse en cuatro grandes grupos: niños y jóvenes adictos (junto a sus familiares), los vecinos que viven cerca de los búnkeres, los trabajadores sociales y religiosos de zonas marginales y, por último, los miembros de las bandas que son fusilados.
Microtráfico y narcomenudeo son dos palabras que definen por igual la actividad ilícita de vender y distribuir pequeñas cantidades de drogas prohibidas. Esta actividad suele desarrollarse en cualquier sitio, pero sus facetas sistemáticas y más peligrosas golpean fundamentalmente a barrios caracterizados por las construcciones improvisadas y las barreras arquitectónicas, en los que la falta de servicios sociales básicos y el aislamiento de determinadas comunidades generan zonas y relaciones de poder que no se rigen por leyes escritas, es decir que no son controladas ni monitoreadas por el Estado.
Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre consumo de drogas en el país, dice: “Las personas que habitan en los barrios más vulnerables son gravemente perjudicadas por la expansión del narcotráfico. Por una parte existe mayor exposición al tráfico y a las adicciones, con consecuencias negativas para la salud individual y para el bienestar de los grupos familiares afectados”.
“Al mismo tiempo, los residentes en villas, asentamientos y barrios vulnerables tienen mayores posibilidades de ser víctimas de hechos violentos producto de organizaciones delictivas. Por otra parte, cabe destacar que el establecimiento de redes de comercio ilegal contribuye a la construcción de territorios estigmatizados que afectan negativamente a sus habitantes, que además, y en consecuencia, tienden a ser objeto de la violencia estatal, que se manifiesta en abusos y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad”, reza el informe de la UCA.
Marta Gómez forma parte de un puñado de mujeres que hace 13 años fundaron y llevaron a todas las ciudades del país el movimiento social “Madres en lucha”. Desde aquellos días, y luego de perder un hijo que se suicidó, preso de una adicción, ella trabaja incansablemente en los barrios más pobres de la Capital para alejar a los jóvenes de las drogas. En un reportaje, dijo: “Entre los años 2000 y 2001 estalló la crisis económica y apareció el paco, una droga de exterminio, diseñada para destruir a los pibes”.
Agregó: “En la calle había hambre. Subió el precio de la cocaína y de la marihuana, y al paco lo regalaban para imponerlo en el mercado. No era una joda . Los pibes morían y nosotras no sabíamos por qué. Hasta que nuestros hijos empezaron a hablar, a contar lo que pasaba”.
“Como madres -continuó Marta Gómez- sufríamos mucho, porque a los chicos no los recibían en los hospitales. Les ponían una pastilla bajo la lengua y los mandaban de nuevo a la calle. Vivimos una historia muy pesada; ninguna de nosotras tenía estudios, nos decían que estábamos locas. Pero igual logramos visibilizar esta problemática y ponerla en la agenda de los políticos de la Ciudad y del gobierno nacional”.
Añadió: “Fuimos ocupando las calles, patrullándolas, porque nuestros hijos estaban hechos mierda, porque nos faltaban cosas de nuestras casas, cosas que ellos vendían para comprar drogas. Hubo una generación de pibes que se mataban, que se ahorcaban. Y el Estado no se hizo cargo”.
Por último, Gómez dijo: “Encuentro muchas similitudes con lo que pasaba antes y lo que sucede en la actualidad; volvimos a reunirnos con las madres, porque estamos peleando nuevamente por el territorio y convivimos con la droga. Por ejemplo, las compañeras de Salta y de Rosario están amenazadas”.
Actualmente, la cantidad de centros de rehabilitación y las intervenciones estatales ante casos de abusos de droga son indicadores que subrayan la gravedad del problema del tráfico minorista. Según datos oficiales, en la Capital, la Sedronar tiene en funcionamiento 31 casas de atención y acompañamiento comunitario, un centro de orientación en adicciones central y seis descentralizados. Además, especialistas asisten técnicamente a 120 establecimientos escolares de la Ciudad.
La información más reciente de los estudios nacionales sobre consumos de cocaína confirma -entre otras cosas- que más de un millón de personas han aspirado esa droga: “El 5,3 % de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento del 100% con respecto al estudio del 2010. Al igual que con la marihuana, entre los 18 y los 24 años se encuentran las tasas más altas” de consumo.
Es en este contexto que se destacan algunas iniciativas de aplicación reciente en la Argentina, como por ejemplo la tendencia a comenzar los trabajos de prevención de adicciones y la formación de hábitos saludables durante los primeros años de vida de las personas, fundamentalmente con ciclos deportivos y culturales, pero también con capacitación de operadores territoriales, trabajo junto a instituciones de la sociedad civil y a través de la distribución de “materiales teórico-metodológicos y pedagógico-didácticos para abordar la prevención de las adicciones en las escuelas”. Fuentes consultadas para este reportaje confirman que en la ciudad de Buenos Aires se distribuyeron al menos 35.000 nuevos manuales educativos sobre adicciones “para trabajar en los niveles inicial, primario y secundario”.
Marco Estrada Gonzales, alias Marcos, comanda una organización narcocriminal que en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, controla casi la totalidad de los búnkeres que distribuyen cocaína, marihuana y paco. Actualmente está detenido. Fue condenado en tres oportunidades. Dentro de la villa responden a Marcos más de cien ‘soldados’. Calificadas fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que, aunque el líder de esta mafia está preso, en el Bajo Flores esa inmensa red de microtráfico continúa activa. Las ganancias semanales de este grupo, según consta en los documentos judiciales, rondan los tres millones de pesos.
En el corazón del barrio porteño de Retiro, sostienen los agentes federales, la venta al menudeo de drogas en una parte de la villa 31 es comandada por dos sanguinarios narcos que están detenidos: César Morán de la Cruz regentea una zona y Alionzo Rutillo Ramos Mariños, o “Ruti” (enemigo de Marcos), en otras. Un calificado investigador del narcotráfico local que trabaja en los tribunales de Comodoro Py dijo que en la villa 31 al menos dos bandas de narcos continúan peligrosamente activas y tienen puntos de contacto con narcos del Bajo Flores y del sur del conurbano bonaerense.
En la villa 21-24 y en el Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) Zavaleta, según información aportada por fuentes judiciales y recabada durante recorridas en el barrio de Barracas, el tema más preocupante vinculado al narcotráfico es el rápido deterioro que sufren muchos niños y niñas en su salud. En eso coinciden vecinos, asistentes sociales y agentes federales. La proliferación indiscriminada de búnkeres generó un acercamiento muy temprano de los jóvenes a las redes delictivas y llevó la violencia de estos barrios a un punto tal que, en un determinado momento de 2017, los docentes debían pagar ‘peaje’ a los criminales para poder ingresar en el barrio y dictar clases.
Tanto en la villa 1-11-14 como en la villa 31, y en paralelo a las mafias mencionadas anteriormente, operan por lo menos tres grupos distintos de narcotraficantes que han protagonizado violentos asesinatos y usurpaciones de casas, según información judicial.
Recientemente, tal como se consignó en dos publicaciones anteriores, la guerra entre traficantes del Bajo Flores se extendió a los márgenes pobres del barrio porteño de Saavedra.
*Artículo publicado en el diario LA NACIÓN el 4 de julio de 2019.
Capítulo 3
“Denuncias en el barrio de Barracas”*
Investigadores del Poder Judicial, docentes y asistentes sociales confirman que diferentes grupos de narcotraficantes operan en los alrededores de 25 instituciones educativas del barrio porteño de Barracas. Este importante corredor escolar, donde funcionan escuelas públicas y privadas, tiene como límites geográficos el Riachuelo, las avenidas Iriarte y Amancio Alcorta, las vías del ferrocarril Belgrano Sur y la autopista Arturo Frondizi (9 de Julio Sur).
Los narcos utilizan escondites y búnkeres en la villa 21-24 y en el Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) Zavaleta, pero también cuentan con vendedores ambulantes que recorren calles cercanas a los colegios de la zona.
Federico Berardi, director de Villas de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, dijo que en este corredor escolar se venden drogas. Explicó: “Hay organizaciones criminales en la zona, pero los delincuentes representan una minoría muy pequeña dentro del barrio. Adonde no llega el Estado, las redes de narcotraficantes avanzan. Ofrecen trabajos y prestan dinero”.
Agregó Berardi: “Un punto crítico es la avenida Iriarte, donde hay asaltos y tráfico. En la avenida Amancio Alcorta las adolescentes se prostituyen para poder comprar drogas. No se puede analizar la inseguridad en los barrios sin considerar la presencia de las redes delictivas que ponen el paco en manos de los jóvenes. Sin embargo, es necesario evitar la estigmatización de los vecinos honestos que, por ejemplo, se organizan a través de las redes sociales para salir a trabajar en grupos y evitar los robos”.
Para describir cómo es este territorio en el que funcionan algunas de las escuelas más importantes de la zona, y donde se instalaron los criminales, Berardi dijo: “[La 21-24] es la villa más grande de la Capital en términos geográficos y demográficos. También es el barrio con más cortes de luz. Está al lado del Riachuelo, no tiene cloacas. La desprotección es estructural y se genera un clima social complejo. Las ofertas de los delincuentes son tentadoras para una persona que se siente fuera del entramado social y público”.
Según información judicial, al menos tres jueces y cuatro fiscales investigaron este año los movimientos de los grupos de narcotraficantes que venden marihuana, cocaína y paco justo en medio del corredor escolar.
Los datos sobre una serie puntual de allanamientos realizados este año permiten comprender cómo están conformadas las organizaciones criminales que operan en la zona: en abril, agentes federales detuvieron en la villa 21-24 a tres narcotraficantes, secuestraron tres armas de fuego, chalecos antibalas y 15 kilos de drogas. Este grupo tenía, además, vínculos directos con una organización más grande cuyos integrantes fueron condenados recientemente por transportar 54 kilos de droga a través de la provincia de Buenos Aires.
Dos investigadores especializados en narcotráfico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación confirmaron que en este corredor escolar no opera una organización hegemónica, sino que el control territorial de las ventas lo ejercen pequeños grupos de personas vinculadas mayoritariamente por lazos familiares políticos y de sangre.
La Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo), que depende del MPF, canaliza los reclamos judiciales de los vecinos a través de una oficina en este corredor escolar. Desde agosto de 2016, el 46,15% de las denuncias fueron realizadas contra las fuerzas de seguridad por “detenciones arbitrarias, ilegales o violentas”, “corrupción” y “allanamientos ilegales”, según datos oficiales.
Los docentes, por temor a represalias, exigen que sus testimonios acerca del narcotráfico en esta zona sean publicados respetando la reserva de su identidad. Una trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que participa en actividades educativas del Centro Materno Infantil situado en la intersección de Damianovich y Luna afirmó: “Vemos a los muchachos vendiendo drogas en la vereda”.
Una docente que dicta clases en la escuela más grande del corredor -en avenida Iriarte y Montesquieu- señaló: “Los alumnos dicen que se venden drogas alrededor del colegio, pero no dicen dónde. Incluso, algunos familiares de nuestros alumnos se dedican a esto”.
Una profesora de la Escuela Primaria N° 16 dijo: “Por la puerta de la escuela vemos pasar a jóvenes adictos que viven en la calle. Cuando hablamos en nuestras clases acerca del cuidado de la salud y de las adicciones, notamos que los alumnos ya conocen el tema. Pero hay un código de silencio”.
Una profesora de la Escuela Infantil N° 7 confirmó otro hecho que refleja la violencia imperante en la zona. En julio pasado, un grupo de delincuentes exigió a las maestras dinero en efectivo para permitirles ingresar en el edificio y dictar las clases normalmente. “Es un tema cerrado y no queremos que se abra nuevamente. Gracias a la intervención de varias personas, el problema está solucionado”, dijo.
Los agentes federales de la Prefectura Naval capturaron este año -durante controles de rutina- al menos a 18 personas que circulaban por zonas cercanas a los colegios de Barracas con droga fraccionada en pequeños envoltorios, lista para ser comercializada. Por otro lado, la Policía de la Ciudad confirmó que tiene un operativo especial dispuesto en este territorio para controlar el acceso y el egreso de los alumnos a las escuelas. El viernes, precisamente, ese dispositivo dio sus frutos: tres detenidos con 34 dosis de paco.
El viernes pasado, efectivos de Investigaciones de la Policía de la Ciudad advirtieron que de la villa 21-24 salía a toda velocidad un Chevrolet Corsa con tres ocupantes. Se inició entonces una persecución por la avenida Iriarte. Los agentes porteños lograron interceptar el vehículo en fuga en la avenida Vélez Sarsfield al 1600.
Según informó la fuerza, ante testigos se realizó la requisa del vehículo y de sus tres ocupantes, a los que les encontraron 34 envoltorios de nylon que contenían paco. También llevaban 2050 pesos. El trío quedó a disposición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
*Reportaje publicado en el diario LA NACIÓN el 11 de septiembre de 2017
Capítulo 4
“La frontera norte y los criminales brasileños” *
El Ministerio de Seguridad de la Argentina y la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) confirmaron que ambos países iniciaron una serie de reuniones bilaterales para ejecutar un plan de operativos federales conjuntos en distintas zonas de frontera. El gobierno argentino busca así evitar el ingreso de criminales y también los envíos de drogas pertenecientes a dos importantes carteles de narcotraficantes brasileños, autodenominados Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), que ya intentan establecerse en provincias como Misiones y Santa Fe.
Los especialistas explicaron que los movimientos de estos carteles, y también la preocupación que generan, están enmarcados en el funcionamiento de una una importante línea de tráfico de cocaína y también de marihuana, que -en distintos puntos geográficos- conecta directa o indirectamente a Perú y Bolivia, con Paraguay, Brasil y la Argentina. Por estos días, los dos carteles brasileños intentan adueñarse violentamente de toda la cadena de comercialización para obtener mayores ganancias. Sin ir más lejos, hace dos semanas cinco narcos fuertemente armados murieron (y otros seis fueron capturados) durante un choque entre el Comando Vermelho y la policía de Paraguay.
La semana pasada, durante la cumbre contra las drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay , Alberto Giuzzio, dijo: “Hemos confirmado la intención de ambos países de realizar una operación conjunta en la frontera, y también en lugares identificados específicamente, adonde se produce la marihuana que llega a la Argentina”. En ese marco, desde la Senad confirmaron que estos peligrosos carteles han avanzado -por ejemplo- hasta hacerse fuertes inclusive en la ciudad de Asunción, capital del vecino país.
Por otro lado, el subsecretario de Narcotráfico del ministerio de Seguridad de Argentina, Martín Verrier, explicó: “El rol geopolítico que ocupa Paraguay lo expone a la presencia de estos carteles, porque Brasil es el segundo país del mundo que más cocaína consume, y también es un país a través del cual la droga se envía a Europa; esto explica el volumen de dinero que se maneja en términos de tráfico de droga hacia Brasil”.
Sobre el Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), Verrier agregó: “Nos referimos a dos organizaciones transnacionales que los estados no pueden enfrentar de forma aislada. Y, si bien actualmente no hay células de estos grupos operando activamente en el país, la cercanía también nos expone, porque estos carteles intentan explotar puntos vulnerables, como las fronteras. Es importante anticipar los movimientos de los carteles analizando el escenario regional”.
En enero y luego de una sucesión de distintos hechos como un ajuste de cuentas, un golpe comando y una importante captura, esta misma preocupación resultó eje principal de una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad de Brasil. En esa línea se expresó Bullrich la semana pasada, al inaugurar la cumbre de la OEA: “Trabajamos fuertemente contra el narcotráfico, contra la violencia que significa tener barrios tomados. Nuestra decisión es que el Estado de derecho sea el único válido; que no haya estados paralelos”.
Durante el reportaje, el titular de la Senad, Alberto Giuzzio, explicó que los operativos conjuntos que se realizarán en el norte de Argentina y al sur de Paraguay tienen como objetivo, también, evitar que el Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital tomen el control de medianas organizaciones criminales mixtas -conformadas por argentinos y paraguayos- que ya operan muy cerca de Formosa, Misiones y Corrientes cultivando marihuana e ingresando contrabando al país; por ejemplo, desde las fronteras hasta las principales villas y asentamientos de Buenos Aires.
“Paraguay trabaja en alianza con la Policía Federal de Brasil y las operaciones permanentes en el norte de Paraguay produjeron movimientos de los narcotraficantes. Los grupos criminales ya no piensan en instalarse en una zona determinada. Ahora, piensan en moverse. Y si se cumplen las proyecciones que hace el gobierno de Brasil respecto de este tema, los narcotraficantes del PCC y el CV van a instalarse más allá de su propio país”, concluyó Giuzzio.
*Publicado en el diario LA NACIÓN en mayo de 2019
Capítulo 5
Quilmes: saqueos en escuelas y abusos de drogas*
En los últimos treinta días sufrieron robos, al menos, cuatro edificios escolares de Quilmes. Si bien cada uno de los hurtos tuvo características particulares, los ladrones se llevaron de todas las instituciones educativas elementos indispensables para el desarrollo de las clases, como televisores, estufas, micrófonos, proyectores y computadoras.
Por esa ola de robos en escuelas de Quilmes fue relevado el jefe del Comando de Patrullas, según aseguraron funcionarios municipales. En la Escuela Secundaria N° 36, de Bernal, los delincuentes violentaron puertas y ventanas para ingresar en tres oportunidades durante el mes pasado. La directora María Robles confirmó en un reportaje que “los asaltos en la zona son frecuentes” y que “los robos están relacionados con las drogas”. En el mismo edificio funciona la Escuela Primaria N° 63.
“Vimos también cómo dos personas bajaron de una moto, y le arrancaron la cartera a una mamá que estaba tocando el timbre para entrar en la escuela. Los padres y los alumnos saben quiénes son los delincuentes, viven en el mismo barrio. Pero tienen mucho miedo por las posibles represalias”, comentó Robles.
Además, la directora de la Escuela Secundaria N° 36, explicó: “Los chicos que roban en la escuela son menores, y no son nuestros alumnos. Entran para buscar algún objeto que luego revenden, con el objetivo de conseguir el dinero que les permita comprar drogas. Esta es una escuela de barrio, una escuela humilde. Tratamos de que las drogas no entren. Pero es casi imposible”.
“Durante 2016, sufrimos un robo por semana. En las periferias no somos tan visibles como las escuelas céntricas. Y no sólo tenemos miedo por un robo en el edificio, sino también por los robos en los alrededores del colegio. Los ladrones se llevan las mochilas de los alumnos, las zapatillas”, agregó Robles.
Con el mismo tono de preocupación se expresaron los padres que esperaban a sus hijos en la puerta de la Escuela Primaria N° 72 de Bernal. Durante el feriado del 25 de Mayo, ladrones robaron estufas y televisores del edificio que está ubicado en el corazón de un cordón fabril, a pocos metros del cruce entre el Camino General Manuel Belgrano y la avenida Zapiola. Allí, además, funciona la Escuela Secundaria N° 70.
Junto con sus dos hijos, Laura Vallejos -que vive a diez cuadras de la Escuela Primaria N°72- señaló: “No veo que nos cuiden. Muchos alumnos vienen al comedor, y se robaron las cosas de allí. Es la primera vez que sufrimos tantos asaltos seguidos. Los vemos todos los días alrededor de la escuela”.
Una mujer llamada Evelyn, que integra la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 72 y que vive cerca del Camino General Manuel Belgrano, indicó: “Siento miedo cuando mi hijo entra en un edificio al que también entraron los ladrones. Robaron las estufas y las computadoras”.
Sonia -otra madre- también aguardaba por dos de sus hijos en la puerta de la Escuela Primaria N° 72. Y aseguró: “Vivo a tres cuadras del colegio. Me siento insegura, en el barrio y en la escuela. No podemos caminar tranquilos en estas calles”.
Por otro lado, la directora de la Escuela Primaria N° 78, Verónica Sarmiento, confirmó que, durante el fin de semana pasado, ladrones “saquearon” el colegio, en el que también se dictan las clases de la Escuela Secundaria N° 23.
Según detalló la docente, los ladrones “rompieron puertas, cerraduras y vidrios” para robar computadoras e impresoras. “No es la primera vez que entran. La alarma no funciona”, dijo.
También en el partido bonaerense de Quilmes, pero en el barrio San Francisco Solano, delincuentes vulneraron los accesos del edificio al que asisten los alumnos de la Escuela Primaria N° 64 y de la Escuela Secundaria N° 65.
Marcela Pizarro, una de las vicedirectoras que trabajan allí, confirmó que los ladrones ingresaron dos veces -con una semana de diferencia-, el 25 de Mayo y el 1° de junio.
Tras esta ola de robos en las escuelas, el secretario de Seguridad de Quilmes, Matías Zarco, aseguró que los funcionarios municipales están atentos a la situación y que se decidió el cambio del jefe del Comando de Patrullas, con el objetivo de perfeccionar el diagrama de la vigilancia en el partido.
Y agregó: “Estamos propiciando cambios en la estructura de la policía provincial en la zona. Reforzamos la presencia de la Policía Local en los colegios con personal de las comisarías cercanas. El 911 funciona. Puedo certificarlo porque soy responsable del centro de monitoreo”.
El funcionario aseveró que mantiene contacto con los directivos de los colegios, y dijo que ya se instalaron -cerca de las escuelas- “retenes” encubiertos, conformados por policías especializados en investigaciones.
*Publicado en LA NACIÓN en junio de 2017
Capítulo 6
La violenta expansión del narcotráfico en el partido de Moreno*
El 26 de julio fueron asesinados dos hombres y una mujer en Moreno. Las víctimas tenían vínculo con la venta de drogas y sus muertes habrían sido una venganza narco por otro triple crimen cometido el 31 de diciembre de 2016. La penetración del narcotráfico en esa zona cobra cuotas de sangre y ha transformado Moreno en el municipio con mayor tasa de homicidios del conurbano.
En marzo, la ola de violencia alcanzó a la Iglesia. Amenazado, el sacerdote Eduardo Farrell tuvo que dejar la parroquia del Sagrado Corazón, en el barrio Cuartel V. El cura había elevado la voz para advertir sobre el problema.
El obispo Fernando Maletti dijo en un reportaje que “frente al avance de las bandas, las personas se acercan a la Iglesia con muchísimas consultas, para pedir consejos y acompañamiento”.
Funcionarios municipales, coordinadores territoriales de la Sedronar y miembros de varias ONG que trabajan en el distrito coinciden en señalar que son los adolescentes quienes están más expuestos a la violencia narco.
El partido bonaerense de Moreno tiene la tasa de homicidios más alta del conurbano, al registrarse el año pasado a 15,8 víctimas cada cien mil habitantes. Ochenta personas fueron asesinadas allí en 2016. La dimensión de la tasa de asesinatos en ese partido puede visualizarse con la comparación de los dos municipios que le siguen, Quilmes y Lanús, en ambos casos con 11,4. Y en Moreno diferentes grupos de narcotraficantes se enfrentan por el control territorial de las ventas de drogas. Esta disputa criminal provocó tres sangrientos enfrentamientos, en los que murieron al menos diez personas durante los últimos once meses.
“Como en otros lugares pobres del país, los jóvenes tienen aquí pocas opciones para orientar sus vidas en un camino de libertad. Los traficantes los captan con una oferta atractiva de dinero”, expresó el obispo Fernando Maletti, cuya diócesis abarca Moreno y Merlo.
Y agregó: “Hay muchas complicidades. Políticas, legislativas, judiciales y en las fuerzas de seguridad. Es un gran negocio. Quienes debían controlar no controlaron”.
Al analizar el funcionamiento de los grupos que venden drogas en Moreno, el secretario de Seguridad de este partido, Jorge Duarte, dijo: “Los jóvenes se unen a las organizaciones de narcotraficantes a partir de los 12 años de edad. Es el recurso más rápido que tienen para conseguir dinero”.
Duarte indicó también que la municipalidad de Moreno programa al menos cuatro reuniones semanales en los barrios para recoger las denuncias anónimas sobre puntos de venta de sustancias ilícitas y realizar las denuncias en las fiscalías. Aseguró que los vecinos desconfían de la policía: “A veces, ellos observan cómo el patrullero pasa por el quiosco de un transa”.
En el Ministerio de Seguridad bonaerense se señaló que aumentaron los procedimientos antidrogas en Moreno y la captura de narcotraficantes. Por su parte, la Sedronar trabaja en Moreno junto con más de 250 jóvenes que tienen problemas con adicciones. Las actividades se realizan en cuatro sedes del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial. Ariel Fernández, coordinador de Abordaje Territorial de la Sedronar, comentó: “Desde el punto de vista económico, los trabajos a los que acceden estos chicos no pueden competir con la venta de drogas. Muchas veces, los jóvenes ocupan el lugar de «soldaditos» en las organizaciones porque no pueden ocupar otros lugares. Hay que brindar propuestas llamativas, espacios adonde ellos quieran circular”.
En la misma línea se expresó la directora de Abordaje Estratégico de la Sedronar, Florencia Tufró: “Para resolver los problemas, buscamos las potencialidades de los jóvenes que están en una situación de vulnerabilidad. Tratamos de trabajar fuertemente la inclusión en el sistema educativo”.
Todos los referentes oficiales y sociales que trabajan en Moreno coinciden al explicar un problema básico en la zona: la influencia del narcotráfico entre los menores, que les muestra a los adolescentes un modelo de ascenso social basado en el acceso a las armas.
“Los jóvenes -indicó el obispo Maletti- están afectados por las consecuencias de la corrupción, del narcotráfico y del descuido del medio ambiente. Piden ayuda, piden que no los abandonemos”.
Organizaciones sociales intentan poner un dique al avance narco en las zonas mas complicadas. En el barrio Trujui de Moreno funciona la Fundación Franciscana, una organización no gubernamental vinculada con la Iglesia que crea espacios de contención y alfabetización para los jóvenes. Además, esta institución desarrolla talleres de capacitación laboral y, por ejemplo, creó un plan de microcréditos para permitir que los vecinos de la zona puedan desarrollar emprendimientos comerciales y construir sus hogares.
Dolores Rúa es la coordinadora de los grupos de la fundación a los que asisten niños y adolescentes. En un reportaje, dijo: “Esta zona está liberada. Hay mucha inseguridad y complicidad. Los chicos nos cuentan que donde viven siempre hay alguien que vende drogas. Está muy naturalizado que las personas tengan armas de fuego, que las personas se droguen. El ambiente está muy pesado”.
“Los chicos quieren trabajar -agregó-, quieren terminar la escuela. Son persistentes. Buscan su futuro. Cuando no pueden ingresar a la universidad, buscan carreras cortas o cursos. Sienten mucha motivación porque quieren ayudar a sus familias. Ellos necesitan referentes adultos que no los juzguen”.
Sobre las actividades que se proponen a los niños frente al avance de la pobreza y las drogas, Juan Alberdi, también miembro de la Fundación Franciscana, explicó: “Los chicos tienen dificultades para desear y soñar. Les damos herramientas y técnicas de estudio con el objetivo de que puedan apostar por una realidad diferente”.
La policía bonaerense realizó esta semana un operativo antidrogas en la localidad de La Reja, en Moreno, donde fue apresado un vendedor minorista apodado “El ángel”. Más allá de la droga incautada en la vivienda del sospechoso, unos 1400 gramos de cocaína y 800 gramos de marihuana, se secuestraron dos pistolas 9mm, una escopeta y una carabina. La combinación de armas y venta de droga derivó en los últimos meses en una sangrienta lucha por el control de los puestos de comercialización en Moreno.
*Crónica publicada en la tapa del diario LA NACIÓN en agosto de 2017
Capítulo 7
Los clanes de narcos de Barrio Mitre*
Luego de una investigación realizada durante más de un año, la Justicia ordenó el procesamiento con prisión preventiva de cinco miembros de tres clanes narco que actualmente controlaban -a través de media docena de búnkeres- la venta de marihuana y cocaína en la zona conocida como Barrio Mitre, en Saavedra, según información oficial. En los allanamientos por la Dirección Autónoma Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad se había incautado dos pistolas 9 milímetros, municiones, dos kilos de marihuana y casi medio kilo de cocaína.
Esta causa expone uno de los problemas básicos que enfrentan los investigadores para erradicar los puestos de venta de drogas. La mayoría de los acusados ahora tienen antecedentes por comercialización de sustancias prohibidas y siguen en el negocio narco, aunque cumplen algunos años de prisión. Incluso, al tratarse de clanes familiares, la caída de un jefe narco tiene rápido reemplazo con un pariente.
En el operativo fue detenida una mujer de 43 años llamada Carolina Patricia Gómez, que en 2011 ya había sido condenada por traficar drogas en la misma zona. Al salir de la cárcel en 2017 y luego de cumplir una condena de seis años por dos causas diferentes, ella fue la encargada de reabrir los búnkeres del clan Gómez, cuyos miembros -en parte- provienen del Bajo Flores. Gómez regresó prácticamente sola al Barrio Mitre para volver a tomar el control del territorio, ya que su hermano y su esposo, José Gómez y Germán Helm, permanecen detenidos desde 2013 también por vender drogas y acopiar armas.
Según fuentes judiciales, esa mujer llegó primero a la casa de sus padres en Barrio Mitre, para luego expandir su negocio ilegal hacia otras propiedades. Para eso, tuvo que apoyarse en su hermana y en uno de sus cuñados -que también fueron capturados recientemente- para montar nuevamente la red de microtráfico, pero además tuvo que negociar con otros clanes familiares del barrio para hacer frente allí al avance de narcos vinculados con la barra del Club Atlético Platense.
El clan Gómez -relataron los investigadores- protagonizó, desde 2011, varios enfrentamientos armados contra grupos rivales del barrio por la disputa de zonas claves. Además se sospecha que ese grupo fue responsable del incendio de un centro de rehabilitación que había sido montado por madres de adictos en un búnker recuperado.
Sin embargo, con sus principales líderes aún detenidos, los Gómez también se vieron obligados a tejer alianzas locales. Así -por ejemplo- el hijo mayor de Gómez, que ya había vendido drogas junto a su madre, se incorporó luego a una banda de violentos asaltantes; a principios de 2018 terminó preso en la cárcel de Devoto por un atraco fallido. Los principales aliados del clan Gómez en Saavedra serían los miembros de las familias Moreno y Tapia.
Según consta en los expedientes, los tres grupos familiares se turnaban para comercializar los estupefacientes. Pero, entre ellos, dos integrantes de la familia Moreno -que están en la lista de criminales procesados recientemente- se destacaban por su violencia: protagonizaron tiroteos contra otros narcos de la zona. Un integrante de este clan fue baleado durante un enfrentamiento entre bandas antagónicas de Saavedra. A su vez, otro miembro de la familia Moreno fue condenado en abril de 2015 a tres años de prisión en suspenso por narcotráfico y encubrimiento, pero a comienzos de 2018 ya había reactivado sus búnkeres en el barrio.
Respecto del clan Tapia, la Justicia procesó también en los últimos días a un joven de 24 años, identificado como Vittorio Ítalo, que había recibido una condena por robo, pero que luego regresó al Barrio Mitre para vender drogas. Fue capturado con una gran cantidad de marihuana y cocaína, además de un arma de fuego, durante los últimos días de noviembre de 2018.
En tanto, la semana pasada, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 ordenó, por un secuestro, el procesamiento con prisión preventiva de tres hombres y una mujer vinculados con la barra de Platense y miembros del grupo criminal que -en el Barrio Mitre de Saavedra está enfrentado con las familias Gómez, Moreno y Tapia.
Los miembros de este segundo grupo criminal fueron acusados de secuestrar a la hija de un narcotraficante de Flores y cobrar un rescate de más de $297.000. Este grupo está dedicado a realizar atracos en locales comerciales y cuenta también con vínculos delictivos en la zona del Bajo Flores, una zona dominada históricamente por un clan de origen peruano, del cual los barras de Platense se nutrían de peligrosa “mano de obra”.
*Crónica publicada en el diario LA NACIÓN en enero de 2019
Capítulo 8
Familia, respeto, salud: el fenómeno del hip-hop como barrera contra el delito*
Hace algunos años, la cocaína y el narcotráfico llegaron a mi zona, y todo se tornó más peligroso. El hip-hop me resguardó, porque es un movimiento artístico y político. Yo vi las drogas cuando todavía era muy chico, pero decidí esperar, esquivarlas. Prefería bailar y escuchar música en vez de frenar en una esquina para fumar”, dice Iván, un joven cantante conocido en las calles del sur del conurbano como R.A., nombre con el que rubricó sus últimos dos discos de rap.
En una casa austera del partido de Florencio Varela , a metros de la estación de trenes Estanislao Zeballos, R.A. acaricia el pelo de su hijo. Mientras el chico lo mira fijo, él habla con tono frío: “No estoy a favor de la criminalidad ni de la autodestrucción. Como artistas tenemos un enfrentamiento de base con todos los gobiernos. Nuestros barrios están abandonados y creemos que si una madre o un padre no pueden alimentar a sus niños es porque las personas que deberían revertir esa situación -quienes retienen el poder político- están delinquiendo”.
R.A. fundó junto a sus colegas del sur bonaerense una productora musical independiente, que bautizaron 4Skillz. Luego montaron un estudio de grabación profesional en el barrio Kilómetro 40. Las historias de vida que dieron forma a este equipo de trabajo son similares, duras. Y contienen, a su vez, la esencia humana de miles de jóvenes prácticamente anónimos que durante la última década se “salvaron” o encaminaron sus vidas a través de grafitis, del rap, el breakdance y la creación de pistas instrumentales.
“El hip-hop fue una salida para no terminar muerto o en la delincuencia”, dice Ismael, otro miembro de la productora 4Skillz. Para explicar el alcance de los valores que adoptó durante su juventud, cuenta que recientemente, y con otros artistas, organizaron una convención de hip-hop con el objetivo de juntar alimentos para dos comedores populares de barrios periféricos ubicados en la localidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes . “Nosotros apuntamos siempre a la unión; intentamos ayudar a otros y transmitir conocimientos. El festival S.F.S. salió tremendo, pudimos reunir muchísimas cosas para los comedores”.
Un tercer miembro de la productora, Nahuel, dijo: “El hip-hop me llevó hacia un rumbo positivo, distinto. En un principio, a nivel físico, porque yo bailaba breakdance y entrenaba todos los días. Crecí en una villa de Quilmes y mis amigos pasaron de caminar y viajar en colectivo a comprarse una moto; pasaron de tomar vino a tomar champagne. Mientras tanto, yo avanzaba por todas las ramas del hip-hop, que te alejan de esos planos en los que es posible que te pierdas”.
Si bien los miembros de 4Skillz reconocen que “el rap no recibe todavía el respeto que merece”, también advierten que la explosiva masividad lograda por algunos artistas urbanos puede tener consecuencias negativas en los jóvenes si no es interpretada y utilizada correctamente por los cantantes. Por caso, el breakdance fue una de las disciplinas desplegadas en los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Y las “batallas de gallos” que enfrentan en improvisaciones a raperos, cosechan cada vez más adeptos entre jóvenes de todas las clases sociales.
Al respecto, R.A. dijo: “Nosotros encaramos la música para transmitir valores de trabajo, de familia. La mejor herramienta para combatir el abandono en los barrios y la corrupción política es el conocimiento; y el hip-hop te ofrece una educación alternativa. Sin embargo, en la actualidad, veo cantantes que técnicamente son buenos, pero sus mensajes son violentos”.
En una investigación sobre grupos juveniles a la que LA NACION tuvo acceso exclusivo, el académico y especialista en planificación de políticas públicas Martín Appiolaza explica: “El hip-hop aporta una identidad, respeto, pertenencia, reconocimiento, distinción y propone desafíos inmediatos y a largo plazo. En otras palabras, permite abordar las tensiones que surgen de la privación en relación con las expectativas y encontrar prácticas innovadoras en un encuadre legal. Ayuda a prevenir la violencia y el delito. La cultura aporta un relato incluyente para los jóvenes de barrios populares, basado en el conocimiento de su comunidad, que articula colectivamente demandas sociales”.
Agrega: “Podemos pensar el movimiento del hip-hop como un ámbito de inclusión en la exclusión, un espacio de reconocimiento, de construcción de la propia identidad en afinidad con los pares y en oposición a lo otro, a lo externo, a lo que agrede y discrimina, a eso que el hip-hop se propone resistir. La cultura del hip-hop ofrece elementos seductores para sobreponerse al reclutamiento de los mercados ilícitos o de la violencia”.
Por último, en relación con el cuidado del cuerpo y la salud, el investigador destaca: “La cultura del hip-hop incorpora un componente de autosuperación artística que se asocia con el cuidado del cuerpo. No se puede bailar después de tomar alcohol o consumir marihuana, por ejemplo, porque afecta la coordinación y la movilidad. Lo mismo pasa con la capacidad de improvisar rimando. La democratización del escenario es también una oportunidad de ganarse el reconocimiento y el respeto”.
La idea del hip-hop como herramienta útil para resguardar a jóvenes de barrios vulnerables fue percibida y usada inicialmente por actores sociales anónimos que solo pretendían sobrevivir y encontrar “pequeñas cuotas de felicidad”; pero desde ciertos estamentos estatales se identificó la potencialidad de este recurso y comenzaron a trasvasar los valores de una cultura que era marginal al centro de las estrategias de prevención.
Cifras oficiales revelan que en los últimos dos años casi 5000 jóvenes se acercaron a los talleres y eventos de hip-hop organizados en los Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial ( DIAT) de la Sedronar, en los que, por ejemplo, fueron instalados estudios de grabación para que los jóvenes de barrios postergados pudieran producir semanalmente contenidos musicales independientes. Una de las coordinadoras de los talleres, explicó: “La cultura del hip-hop te conecta con la autogestión. Por eso, la lógica de la educación popular atravesó todo el contenido de nuestros talleres. Trabajamos con las inquietudes con las que llegan los jóvenes. Y entre ellas percibimos que actualmente hay propuestas musicales masivas que idealizan al vendedor de drogas; idealizan a esa persona que antes era lo peor del barrio y que ahora aparece como un rey”.
En los DIAT de Marcos Paz y Mar del Plata, por ejemplo, nacieron tres discos de diferentes grupos de hip-hop. Además, para este año está previsto el lanzamiento de una producción que contará con letras escritas exclusivamente por mujeres. Sobre este punto, otra bailarina de breakdance y operadora territorial, sostuvo: “Hay pocas mujeres que participan de los talleres, es difícil encontrarlas. El hip-hop es una cultura que nace y se reproduce en los espacios públicos, y nosotras tenemos mucho más vedado el acceso a esos espacios. Por ejemplo, el hip-hop nace en las plazas y a veces sentimos miedo de estar ahí de noche”.
Para explicar el objetivo de los festivales y talleres estatales de hip-hop, Lidia Saya, subsecretaria de Abordaje Territorial de la Sedronar, dijo: “Nuestra estrategia consiste en lograr que grandes grupos de jóvenes dispersos, pero unidos a través de esta cultura, puedan enganchar proyectos de vida y conceptos saludables para abandonar lugares oscuros. Queremos llegar a una población cercana a diversas situaciones de consumo, algunas de ellas muy complejas”.
*Fragmento de la tesis universitaria del autor, publicada en LA NACIÓN durante marzo de 2019
