Violencia

Argentina: abusadores y acosadores sexuales filman y publican 300 videos atacando mujeres

Esta nueva investigación periodística revela la existencia de dos archivos digitales – de acceso libre- en los que decenas de criminales argentinos publican sus propios videos cometiendo abusos y acosos sexuales, con el objetivo de promover la violencia de género y el temor en las calles. 

Por Belisario Sangiorgio Trogliero

acoso blur

Seguir leyendo “Violencia”

Las mujeres del petróleo

by the sea (2)

Dominicanas en la Patagonia

*Adelanto del libro Las mujeres del petróleo, del periodista Belisario Sangiorgio Trogliero

by the sea (2)

Una red de tratantes de personas que operaba en las ciudades de Esquel, Gobernador Costa y José de San Martín contaba con la protección de algún actor político o policial de la escena local.

Esto se deduce a través de diferentes tramos del expediente judicial.

Los investigadores federales llegaron a datos específicos de estas mafias por una mujer que denunció ante Gendarmería Nacional la explotación de mujeres dominicanas y paraguayas en “condiciones inhumanas”, según consta en los documentos de la causa.

Tras la investigación, ocho criminales fueron procesados por pedido de la Fiscalía de Esquel.

Por ejemplo, uno de los antros controlado por estas mafias era supervisado permanentemente por la policía. El expediente dice: “Algunas personas refirieron que la policía concurría periódicamente para constatar que las mujeres que se encontraban en situación de prostitución tuvieran la libreta sanitaria al día”.

Otro ejemplo de protección: tres de estos antros, a su vez, fueron clausurados y reabiertos casi inmediatamente.

Los investigadores determinaron que, en este caso puntual, las diferentes células criminales –tal vez vinculadas entre sí- pertenecientes a los diferentes grupos delictivos que dominan la trata de personas sobre la Cordillera de los Andes, acogieron, engañaron y explotaron a más de 20 mujeres. Algunas provenientes de República Dominicana. Otras llegadas desde Paraguay. También argentinas.

Según detalla el expediente, un informe “elaborado por el Jefe del Escuadrón 37 de José de San Martín, Comandante Principal Heraldo Omar Cantero”, adonde detalla las tareas de inteligencia realizadas en un prostíbulo conocido como “La tía”, indica que “las mujeres que ofrecían servicios sexuales rotaban entre los diferentes locales” de la ciudad de Gobernador Costa.

A su vez, esta célula delictiva dedicada a la trata de personas –según documentos que aparecieron en los allanamientos- tendría otro antro de explotación en la ciudad de Sarmiento. Respecto a este vínculo de la mafia en otra ciudad, el expediente dice: “Asimismo, se encontraron 120 libretas sanitarias de mujeres  correspondientes a la Municipalidad de Sarmiento, provincia del Chubut (este hallazgo motivó la formación de una investigación por separado, que inalmente quedó a cargo de la Fiscalía Federal de esta ciudad, en el expte. nº FCR 635/2015)”.

Cabe destacar, por otro lado, un segundo hallazgo de los Gendarmes durante los allanamientos: “Se secuestraron diez libretas sanitarias extendidas por la Municipalidad de José de San Martín a mujeres, todas de nacionalidad paraguaya, para desempeñarse como ‘damas de compañía’”.

A continuación, un fragmento del expediente que permite comprender cómo eran los perfiles de las víctimas elegidas por estos criminales.

 

costa 22

Las mafias de Santa Cruz

*Adelanto del libro Las mujeres del petróleo, escrito por el periodista Belisario Sangiorgio Trogliero

by the sea (2)

El 23 de septiembre de 2017, el obispo de Río Gallegos y los Equipos Diocesanos de Pastoral Migratoria presentaron un informe en el que detallaron que -entre julio de 2016 y julio de 2017- al menos 79 mujeres fueron rescatadas en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.

“Nos sigue preocupando la alta tolerancia social a naturalizar el sistema prostibulario”, dijeron los líderes católicos de la región en aquel documento.

Más allá de la cifra puntual del relevamiento realizado por la Iglesia Católica, al destacar “algunos elementos comunes” detectados en allanamientos realizados en las ciudades de Río Gallegos, Puerto San Julián, Las Heras, Caleta Olivia y Pico Truncado, los religiosos destacan en su informe que en Santa Cruz “las pruebas recolectadas ratifican las denuncias de que el ‘negocio’ de la prostitución conlleva anexos los ‘negocios’ de las drogas y las armas”. 

La violencia expuesta por la Iglesia en su denuncia, también se refleja -como se observará a continuación- en las causas judiciales.

****
El 30 de septiembre de 2008, M.E.G abordó un ómnibus en la provincia de Formosa junto a su pequeña hija de dos años. Llegó a la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 3 de octubre.

Allí la esperaba Alberto Domingo Irasmi, que conocía a la madre de M.E.G y –por eso- le había ofrecido un trabajo como empleada de limpieza en una casa de familia.

Irasmi recogió a M.E.G y la trasladó hasta una casa ubicada sobre la calle la Juan B. Justo 332. En esa vivienda apareció una mujer llamada Liliana del Valle López, que dialogó con M.E.G para avisarle que –en realidad- debería trabajar como camarera en un bar.

Fue así que el 4 de octubre por la noche, los criminales trasladaron a M.E.G rumbo a un prostíbulo llamado ‘Graciela’.

Allí –según consta en el expediente judicial- le dijeron que debía prostituirse o “podría pasarle algo a su hija”.

M.E.G pudo escapar, su marido viajó a Río Gallegos para ayudarla y –finalmente- decidió denunciar a quienes la habían engañado mientras recibía –personalmente y por teléfono- una gran cantidad de “amenazas de muerte contra su familia”, detalla el expediente.

En uno de los mensajes de texto, el delincuente Irasmi advierte a M.E.G: “Che, puta. Me enteré que estás por venir a declarar. Ojo con lo que decís. Te voy a romper la boca”.

Finalmente, ante la denuncia de la víctima (que ya estaba en libertad) la Brigada de Investigaciones Zona Sur de la Policía de la Provincia de Santa Cruz realizó diferentes infiltraciones. Mientras llevaban adelante las tareas de inteligencia, identificaron –en una casa llena de menores de edad- a un hombre llamado Esteban Eduardo Flores, que finalmente fue capturado y señalado como el jefe de esta mafia.

Cuando los agentes ingresaron en la vivienda de la calle Horst Thirauf 133, encontraron a “Liliana del Valle López, en compañía de otras cuatro mujeres que trabajaban en el bar ‘Graciela’; el mismo bar adonde forzaron a M.E.G para que se acostara con los prostituyentes que asistían a ese antro para comprar esclavas sexuales.

Los tres miembros de este grupo criminal fueron condenados a penas de entre 4 y 2 años de prisión, porque la Justicia comprobó que cometieron el delito de trata de personas.

Por último, cabe destacar que la Justicia investiga a una cuarta persona, llamada José Roberto Concha, que recibió envíos de dinero en efectivo por parte de López y de Flores.

****

En una causa diferente, el 2 de junio de 2017, el fiscal federal Gonzalo Miranda acusó a cuatro personas de Río Gallegos, Santa Cruz, por conformar una red delictiva dedicada a la trata de personas y la explotación sexual.

Este grupo criminal habría operado en una zona conocida como “Las casitas”, adonde funcionaron históricamente los prostíbulos de Río Gallegos. En septiembre de 2011, el vecindario entero fue allanado y allí se rescataron 111 víctimas, según información del Ministerio Público Fiscal.

Los sospechosos investigados regenteaban un antro llamado “Verónica” y en la Justicia se desarrollaron dos diferentes investigaciones –que finalmente fueron anexadas- para desbaratar a esta banda.

La denuncia inicial fue realizada en mayo de 2009. Una mujer se acercó a la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (PROTEX) para denunciar que la muerte de su hija podía estar vinculada con un caso de trata de personas.

La joven llegó a Río Gallegos el 4 de septiembre de 2008. Fue captada por un hombre que permanece prófugo, cuyo nombre es ‘Fabián’.

Según el MPF, cuando arribó a Santa Cruz, “se alojó en el domicilio donde históricamente residían otras mujeres que luego serían explotadas sexualmente en el boliche ‘Veronica’.”

Luego, el informe del MPF detalla: “Al día siguiente, partes del cuerpo de la víctima fueron encontrados en una obra en construcción […] Tiempo después, un hombre se declaró culpable del hecho y finalmente se suicidó”.

Paralelamente, en 2011 una segunda investigación de PROTEX que estudiaba los movimientos de criminales en Río Gallegos, determinó que “un ex comisario” –llamado Horacio Herrera- estaría involucrado con estos grupos de trata de personas, e inclusive podría ocupar un rol clave en la organización ya que –por ejemplo- fue grabado mientras dialogaba con el juez Mario Reynaldi acerca de los prostíbulos.

 

s.

Protección policial en la Cordillera

by the sea (2)

Según documentos oficiales del Ministerio Público Fiscal (MPF), el 6 de octubre de 2015, la fiscal federal subrogante de primera instancia de Esquel, Silvina Ávila, acusó a nueve personas –entre ellas cinco policías- por explotar sexualmente a cinco mujeres en dos prostíbulos de la Patagonia.

Uno de estos antros –llamado “Nilo”- funcionaba en la localidad de Gobernador Costa. El otro prostíbulo –llamado “La tía” – estaba ubicado en la localidad de Sarmiento.

El informe del MPF detalla que la investigadora del MPF solicitó –en base a datos recabados por Gendarmería Nacional-  “allanamientos en los dos prostíbulos sospechados, en dos locales nocturnos, en dos domicilios y en dos comisarías”.

A su vez,  este informe confirmó que entre los imputados había “cinco agentes policiales”, acusados de “prestar colaboración” con los proxenetas, “ya que oficiaban como encargados de seguridad” en el prostíbulo ‘Nilo’. Al respecto, el documento dice textualmente: En los allanamientos que se llevaron a  cabo en las Comisarías de Gobernador Costa y José de San Martín se secuestraron planillas adicionales, en las que expresamente se estableció que cinco agentes cobraron suplementos salariales por haber realizado adicionales en el bar ‘Nilo’”.

En cuanto a la complicidad policial, el informe del MPF detalla: “La colaboración de los uniformados se caracterizó por la realización de servicios adicionales. Es decir que se ubicaban en la puerta del local adonde eran explotadas sexualmente las mujeres, para asegurarse de que no se produjeran disturbios, adentro o afuera. Para la Fiscalía, este aporte debe entenderse como lo suficientemente importante para evitar que las víctimas pudieran siquiera plantearse la posibilidad de concurrir a la fuerza a denunciar. […] La representante del Ministerio Público concluyó a partir de estos datos que la colaboración de la fuerza de seguridad se encontraba, de esta manera, impuesta a los imputados por los propios efectivos”.

Otro pasaje del informe del MPF que vale la pena destacar porque evidencia la complicidad estatal y policial, explica: “Entre los elementos hallados en el prostíbulo ‘Nilo’, se identificaron recibos de pago emitidos por la Municipalidad de Gobernador Costa en concepto de inspección de seguridad de higiene y un certificado de licencia comercial”.

A su vez, los investigadores destacaron que “entre los imputados, se encuentra la dueña de los dos boliches y de los domicilios particulares donde se alojaban las víctimas”.

Un dato indica que estas redes no actúan de forma aislada. El MPF señaló que “dos de las imputadas ya se encontraban procesadas por trata de personas en el marco de otra causa”.

A su vez, sobre el prostíbulo “La tía” de la localidad de Sarmiento, cabe destacar que allí cuatro víctimas fueron rescatadas y –siempre según los informes oficiales del MPF- “se descubrió que dos de las mujeres ya habían sido identificadas en otros procedimientos en diversas jurisdicciones, en el marco de otra causa por el mismo delito”.

Un segundo dato relevante que evidencia las conexiones de los grupos criminales es que durante otra investigación (narrada en el capítulo anterior) los agentes federales allanaron un domicilio y encontraron “documentación relativa a los criminales descriptos en este capítulo. Puntualmente, dentro del antro llamado ‘La Tía’, ubicado en la ciudad de Sarmiento, provincia del Chubut.

Por ejemplo, los federales encontraron “tres recibos de pago de servicios municipales en los que aparece habilitado como ‘cabaret’ en un formulario F.446/C de la DGI […] Asimismo, se encontraron 120 libretas sanitarias de mujeres correspondientes a la Municipalidad de Sarmiento”.

 

prote copia

Los amigos del comisario

*Adelanto del libro Las mujeres del petróleo, escrito por el periodista Belisario Sangiorgio Trogliero. 

by the sea (2)

El 22 de octubre de 2012, una mujer que dijo llamarse Andy llamó a la Central de Comunicaciones de la Policía de Tierra del Fuego.

Dijo que no quería realizar una denuncia formal “porque temía por su vida” y aportó datos importantes que –tiempo después- permitieron quebrar parcialmente las operaciones de una banda criminal dedicada a la trata de personas en la ciudad de Río Grande.

Durante ese llamado, Andy marcó las direcciones de dos antros de explotación sexual, aseguró que allí se comercializaban drogas y explicó que sentía miedo porque “el dueño del cabaret es amigo de un comisario y hay muchos policías involucrados”.

El 27 de octubre de 2012, un grupo especial de agentes realizó tres allanamientos simultáneos.

En los inmuebles requisados aparecieron –junto a las víctimas provenientes de diferentes países- tres varones menores de edad, 11 libretas sanitarias y cuatro cédulas de identidad pertenecientes a diferentes víctimas.

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Rivadavia 1436, en la ciudad de Río Grande. Al respecto, el expediente dice: “A fs. 126/127vta obra el acta de allanamiento en el domicilio de Rivadavia 1436. Sin moradores en la planta baja. En la planta alta de la vivienda hay tres dormitorios, y en uno de ellos había una joven durmiendo, quien resultó ser C.L.B. Ella explicó que vivía allí con cinco chicas”.

A su vez, sobre otro allanamiento –realizado en un bar ubicado en la calle Fagnano 1545- el expediente detalla que allí se encontraba “A.J.B.E, dominicana de 41 años de edad, con sus hijos C.A.M.B, dominicano de 14 años, y M.B de 9 años de edad”.

Según los documentos de la causa, las especialistas integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata indicaron que en estos antros “advertían signos de victimización compatibles con situaciones de explotación sexual”.

Por otro lado, el equipo de rescate identificó también “la presencia de algunas modalidades frecuentes de esta actividad ilícita, como la retención de documentación y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad social de las víctimas”.

Finalmente, los investigadores corroborarían todos los datos aportados por Andy en su denuncia anónima: un hombre llamado Emiliano Espínola, que simulaba ser peluquero, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.

Según información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal, le dictaron una sentencia de cuatro años y seis meses de prisión porque resultó culpable de haber “facilitado el traslado y acogido a ocho mujeres -cinco argentinas, dos de nacionalidad dominicana y una paraguaya- en situación de vulnerabilidad”, para explotarlas sexualmente en el “Bar Buenos Aires” y en un departamento.