Complicidad

*Nuevo capítulo del libro Las mujeres del petróleo, escrito por el periodista Belisario Sangiorgio Trogliero.

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Cristal estaba embarazada. Atravesaba la semana número 15 de su embarazo y vivía en la ciudad de Orán, provincia de Salta, junto a sus dos hijos.

No tenía trabajo. Estaba desesperada cuando recibió un llamado de su prima Guillermina Matto Adorno, que le ofrecía viajar a Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, para trabajar como niñera. Así que la joven partió rumbo a la Patagonia.

Cuando llegó a Comodoro Rivadavia la esperaba un auto gris con los vidrios polarizados.

Cristal abrió la puerta y subió.

En el asiento delantero del acompañante estaba su prima.

-¡Hola, Guillermina! – dijo Cristal, feliz y agradecida.

-Vos te vas a ir con él, te vas a ir a un prostíbulo a trabajar. Estás vendida – respondió Guillermina Matto Adorno, señalando a su esposo, que conducía el vehículo.

En ese momento, Ramón Díaz Soto sacó una pistola que llevaba en la guantera. Giró su cabeza, exhibiendo el arma en su mano derecha, y amenazó a Cristal. La joven –paralizada- no pudo responder.

El automóvil se detuvo en la puerta del prostíbulo “Las brujas”. Entraron.

Luego de atravesar la puerta, Cristal fue obligada a desvestirse. Más tarde, la forzaron para que tenga sexo con un ‘cliente’ de aquel antro. Algunos minutos después de aquella violación, sus captores la trasladaron a una pequeña habitación. Allí, le cortaron el pelo y quemaron su documento.

Fue obligada a prostituirse en ese sitio durante todo el día.

Al finalizar aquella trágica jornada, Ramón Díaz Soto –amenazándola con el arma- volvió a trasladarla en un automóvil.

comodoror

Cristal no sabe a qué parte de la ciudad decidieron llevarla, pero recuerda que estuvo secuestrada en una habitación pequeña “que compartía con otras cinco mujeres, de entre 14 y 15 años, que también habían sido captadas y vendidas”, según declaró ante los investigadores del Ministerio Público Fiscal. Confirmó también que en ese pequeño lugar no había colchones, sólo sabanas.

La víctima dijo que todas las mujeres eran custodiadas por dos personas que tenían armas de fuego.

Estos mafiosos, a su vez, les daban pastillas para dormir durante el día, y proveían drogas para que las mujeres consuman mientras eran prostituidas durante la noche.

Cristal declaró ante los investigadores que ellas “habrían intentado escapar en varias oportunidades, pero debido a la complicidad policial con los proxenetas” estas fugas “se vieron frustradas”.

En este punto cabe destacar que la víctima informó que “los policías se reían” de las mujeres secuestradas, y que las “conocían debido a que varias veces” las habían alquilado como esclavas sexuales.

A su vez, la víctima agregó que –al advertir un intento de fuga- Ramón Díaz Soto golpeó “de muy mala manera” a algunas mujeres.

Los días transcurrían y Cristal continuaba privada de su libertad. Su madre, en Salta, comenzó a preocuparse. Por lo que realizó una denuncia.

Sorprendentemente, los policías de Comodoro Rivadavia tomaron conocimiento sobre el allanamiento que se realizaría en el prostíbulo ‘Las brujas’, motivado por la desaparición de Cristal.

-Van a allanar – dijo Ramón.

-¿Cómo sabés? – preguntó Guillermina.

-Porque me dijeron, pelotuda. ¿Cómo voy a saber? –

-¿Qué hacemos? – quiso saber la esposa del criminal.

-Dormí a las pibas con las pastillas y nos vamos con todas en dos autos-.

Entonces, Guillermina repartió los sedantes y todos partieron en medio de la oscuridad. Escapaban por las calles de Comodoro Rivadavia.

Pero Cristal no había tomado la pastilla. Aún la llevaba bajo su lengua.

Cuando los criminales se detuvieron a cargar combustible, ella se bajó del automóvil y corrió por la ruta.

Un hombre frenó para ayudarla, le dio dinero, ropa y la dejó en un hotel.

Con los primeros rayos de sol del 26 de febrero de 2012, Cristal pudo advertir que ya no estaba en Comodoro Rivadavia.

Tomó una ducha y se dirigió a una comisaría de la ciudad de Los Antiguos, Santa Cruz, para relatar el infierno por el que acababa de atravesar.

 

Cocaína

Lostraficantes (2)

 

-Me ofrecieron sacar la cocaína del campo del concejal Palma, y trasladarla hacia otro lugar.

-¿Usted aceptó?

-Acepté porque no tenía dinero.

-¿Y qué pasó después?

 -Me asusté cuando vi la cantidad de paquetes, y decidí no hacerlo.

-¿Esa fue la única oportunidad en la que recibió ofrecimientos para trasladar droga a cambio de dinero?

-No. Anteriormente, me ofrecieron doscientos mil pesos por la misma tarea. En dos pagos de cien mil. Pero tampoco acepté.

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El subcomisario Rolendio Mancuello secaba el sudor de su frente con un viejo pañuelo que llevaba en el bolsillo del pantalón. Movilizado por los nervios, en un acto tan estúpido como inocente, decidió subirse a su Peugeot 206 y encender el motor.

Manejó pocos kilómetros, y divisó a los primeros agentes de Gendarmería Nacional entre la frondosa vegetación. Pensó en escaparse raudamente, pero era demasiado tarde. Así que llamó al abogado.

Luego, observó sigilosamente los movimientos de los uniformados alrededor de aquel campo. Pero, por la distancia, no podía ver demasiado. Así que aceleró nuevamente.

Para evitar sospechas, frenó con lentitud en la entrada trasera de aquella estancia, observó a los federales –que también lo reconocieron- y luego se alejó por una calle de tierra.

Aquel 18 de diciembre de 2010, los miembros del Escuadrón 18 allanaban el campo de un funcionario peronista, porque ya conocían detalladamente los vuelos de las avionetas que cortaban el cielo sobre la localidad de Estanislao del Campo, provincia de Formosa.

Según el expediente judicial, “las aeronaves de pequeño porte” aterrizaban “en campos aledaños a la zona urbana” y “permanecían en el suelo por escasos minutos”.

Con la información recolectada por los federales, el Juzgado Federal 1 de Formosa ordenó allanar la estancia de un concejal del Partido Justicialista: Héctor Palma Agüero.

Allí, los investigadores constataron la existencia de una pista de aterrizaje clandestina, y hallaron –además- 699 kilos de cocaína ocultos en un pastizal. Junto a la droga, había marcas de vehículos y de caballos.

El subcomisario Rolendio Mancuello era el jefe de la comisaría local. Y ocupaba un rol clave dentro de la organización criminal.

El día del allanamiento, Mancuello intercambió más de 30 mensajes de texto con el concejal Palma, a quien también llamó –impune o estúpidamente- desde el teléfono fijo de la dependencia policial.

La Justicia constató luego que Mancuello continuó conversando con el concejal tras los operativos, aun sabiendo que este último permanecía prófugo y era intensamente buscado. Finalmente, Palma fue capturado en un hotel marginal de la provincia de Corrientes.

Sobre este punto, el tribunal detalló: “Rolendio Mancuello mantuvo una conexión fluida con Héctor Palma Agüero a partir del día en que fuera allanado el predio de éste último y por el lapso de tiempo en que Palma estuvo prófugo de la justicia; es decir, mantuvo permanente contacto con el sindicado, cuando éste -de conocimiento público y más aún, de su propio conocimiento por tratarse de un funcionario policial- era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad como principal sospechoso”.

Al respecto, el tribunal interviniente, explicó en un documento judicial: “Está debidamente acreditado con el grado de certeza requerido en este estadio, que Rolendio Mancuello, junto a Héctor Palma Agüero, Jesús Palma Agüero, Alfredo Palma y Néstor Albornoz, formaron parte de una organización criminal destinada al acopio de estupefacientes”.

Por otro lado, el juez dijo: “En cuanto al rol preponderante que desempeñaba el subcomisario en la organización, se destaca su intervención directa en la recepción y almacenamiento del estupefaciente”.

Para comprender qué rol cumplen los agentes policiales locales en las grandes operaciones transnacionales de narcotráfico, es necesario detenerse en los informes que desarrollaron los agentes subalternos de Gendarmería Nacional en los días previos al allanamiento en el campo del político del Partido Justicialista.

El comandante principal Oscar Alfonso Rodríguez confirmó que –según los informes de sus subalternos- el subcomisario merodeaba los ingresos secundarios al campo allanado, durante el día del operativo que finalizó con el secuestro de la cocaína. Por otro lado, el alférez “C”, informó que el subcomisario Mancuello ingresó al campo del concejal Palma –también- en los días previos al allanamiento.

Sobre estos movimientos que ubican al jefe policial local en una operación criminal, el juez explicó: “Se encuentra acreditado que el día en que fueron vistas descender las avionetas en el campo de ‘Eti’ Palma (15/12/10), él ingresó al mismo a bordo de su vehículo particular (Peugeot 206, dominio HFB- 552). Asimismo, fue visto nuevamente ingresar al campo a bordo de su vehículo el día en que se presume que se produjo el traslado de la sustancia (17/12/10)”.

 

Mafia federal

Lostraficantes (2)

Según los expedientes judiciales, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que un grupo criminal que operaba cerca de Bahía Blanca contaba con protección policial para tratar y explotar sexualmente a un grupo de mujeres vulnerables.

En la misma línea falló el 7 de julio de 2017 la Cámara Federal de Bahía Blanca, cuando ordenó los procesamientos con prisión preventiva de dos oficiales de Prefectura Naval Argentina: Eduardo Horacio Gutt (en actividad) y Alfredo Ismael García (retirado). Ambos actuaban junto a otros dos miembros del grupo criminal. Uno de ellos se llama Alberto Martín Vargas y el otro se llama Víctor Hugo Iglesias.

En abril de 2016, durante una serie de allanamientos, al menos 25 mujeres fueron rescatadas de los prostíbulos llamados ‘La esquina’, ‘Broadway’ y ‘El chaparral’.

Todos funcionaban en los alrededores de la localidad bonaerense de Ingeniero White. Cuando los investigadores fueron tras los responsables de estos antros, según un reporte oficial del Ministerio Público Fiscal, descubrieron que “García e Iglesias están imputados en otras investigaciones, ya elevadas a juicio oral, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los prostíbulos bahienses ‘Night Club Kaos’ y ‘Las Vegas’”.

Si bien gran parte de los documentos vinculados a la causa aún no son públicos, el Ministerio Público Fiscal confirmó, por ejemplo, que “a Vargas se le reprocha haber ofrecido, captado, trasladado, acogido y recibido al menos a siete víctimas en situación de vulnerabilidad, rescatadas en el boliche de su propiedad”.

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Por otro lado, informaron que el ex prefecto García “fue el encargado del local ‘Bar Broadway’, donde se habrían realizado los denominados ‘pases’, y es quien se habría contactado con mujeres para ofrecer sus servicios sexuales a potenciales clientes del bar; está acusado de haber captado, acogido y ofrecido a siete víctimas en situación de vulnerabilidad en aquel lugar”.

Son especialmente interesantes los aportes que el MPF visibiliza sobre el empresario Iglesias. Al respecto, el informe dice: “Es el dueño del inmueble donde funcionaba el ‘Bar Broadway’ y fue señalado en las denuncias anónimas como el dueño de otros boliches llamados ‘Kaos’ y ‘Unión’, donde se habría explotado sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. El imputado posee varios camiones cisternas y bateas, donde se habrían concretado los ‘pases’. En la causa se supo de la existencia de antecedentes de solicitudes de habilitación a nombre de Iglesias para el rubro ‘cabaret’”.

Sobre este empresario, agregaron los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones: “Está detrás del negocio de la explotación sexual de mujeres sin ser la cara visible del mismo, siendo esta Alfredo Ismael García, quien ejecuta los pormenores del negocio. A su vez, aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar”.

Por último, el expediente detalla que según pudo averiguarse, el prefecto en actividad de apellido Gutt, “advertía de posibles allanamientos relacionados a cabarets, prostitución y trata en la ciudad realizados por esa fuerza”.

Protección criminal

Lostraficantes (2)

-No sé…ayer tuve a uno del equipo todo el día…entre la esquina y la puerta. ¿Entendés? Vestido de jugador. No me dejó ‘laburar’.

-¡No! Pero…che…no es por vos. Es por otra cosa, boludo.

-Ya sé…pero me volvió loco. 

-¡No!

-Sí…y acá por la calle Tucumán jugás siempre vos.

-Vamos a tratar de hacer algo…pero…no lo mandamos nosotros.

-¿No?

-Lo mandaron desde otro lado.

-Ahhhh…

-¿Entendés? Lo mandan, lo paran ahí…como un pelotudo.

-Sí, sí, sí. Ya sé. Pero se paró en la puerta de la cancha.

-Es un idiota.

-Es un pelotudo. Que se porte bien.

-Le voy a decir que se corra de ahí.

 

Maximiliano Castrillón pagaba los sobornos policiales religiosamente. Por eso, no pudo disimular su sorpresa cuando descubrió que las fuerzas federales de seguridad habían ingresado al departamento de Ayacucho 440, adonde vivía con su esposa Myriam Beatriz García.

El 26 de octubre de 2013 –tras una denuncia de la Procuraduría Contra la Trata y la Explotación Sexual- el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4 ordenó allanar 30 prostíbulos, un hotel, una imprenta y las viviendas de los principales sospechosos.

Durante el operativo, los agentes federales rescataron a 62 mujeres que eran explotadas por siete organizaciones criminales.

Junto a su esposa, Castrillón lideraba el grupo delictivo que contaba con el sistema logístico más desarrollado. Él, su esposa –Myriam Beatriz García- y su suegra – Dionisia Dominga Dos Santos- fueron acusados por promocionar, facilitar y explotar económicamente la prostitución de catorce mujeres. Es decir, la Justicia los culpa por el delito de trata de personas. Y en la calificación puntual que se les atribuye hay al menos cinco agravantes judiciales, por ejemplo la cantidad de víctimas.

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-El antro de Montevideo 55, que aún funciona y es utilizado por una red trata de personas para retener y explotar mujeres en Capital Federal-

Castrillón conocía perfectamente las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando cayó, llevaba mucho tiempo inmerso en el asqueroso oficio de la prostitución urbana. Comenzó como comienzan todos. Repartía volantes y asistía a viejos proxenetas del Microcentro porteño. Con el correr de los años, cobró cierto protagonismo entre los criminales de la zona…y pudo montar su propia organización delictiva.

Desde su teléfono celular, Castrillón monitoreaba las cámaras de cuatro prostíbulos.  Por ejemplo, según la investigación,  junto a su esposa manejaban un prostíbulo ubicado a una cuadra del Congreso de la Nación, en la calle Montevideo altura 55

Los agentes de las fuerzas federales de seguridad se infiltraron en ese antro de Montevideo 55 durante 15 investigaciones penales diferentes.  Sin embargo, al cierre de esta publicación, el prostíbulo continúa funcionando normalmente.  Sobre este sitio, el equipo de psicólogas y trabajadoras sociales que ingresa con los federales destacó: “Se observan precarias condiciones generales de higiene y seguridad”.

Esto sólo puede ser explicado a través de una hipótesis. Castrillón maneja su propio grupo criminal, sí. Pero este grupo es en realidad el equipo operativo de una organización criminal mayor, que cuenta con protección política y policial.

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Los documentos del expediente destacan la complicidad policial

El expediente destaca que Castrillón operaba “con total connivencia policial”. Pero eso no es todo. Además, para someter a sus víctimas, el jefe criminal mostraba a las mujeres explotadas que “agentes policiales, muchas veces correspondientes a las comisarías con jurisdicción en la zona” recibían “dinero a cambio de protección y silencio”.

 

-¿Lauti?

-Maxi.

-Che…

-¿Qué pasó?

-Hay unos policías vestidos de civil.

-¿Dónde?

-Están en la puerta de la casa de Tucumán.

-¿Qué hacen?

-Investigando.

-No sé nada. Hablá con Carlitos.

-No me avisaron, boludo.

-No son nuestros. 

-Boludo, no me avisaron.

-Hablá con Carlitos. 

-¿Te veo a la noche?

-Corrientes y Uruguay. A las diez.

 

Castrillón recaudaba cinco mil pesos por día, y sus lazos delictivos iban más allá del grupo criminal que dirigía. La Justicia sospecha que esta organización también trabajaba de forma conjunta con otra banda, que era dirigida por Adelaida Caroso…la tía de Castrillón.

Caroso operaba junto a un violento criminal llamado Carlos Morales Comini, y contaba con el respaldo de otro mafioso llamado Salvador Francisco Rizzo. Los tres están acusados captar a cinco mujeres y obtener –a través de diferentes métodos- beneficios económicos de sus cuerpos. Al respecto, en el expediente se destaca que –para retener a las mujeres- se valían de “amenazas, maltratos, intimidación, restricción de libertad y abuso de la situación de vulnerabilidad”.

Las escuchas telefónicas alarmaron a los investigadores, que percibieron la clara utilización de viles métodos por parte de esta segunda célula criminal. El más violento era Morales Comini.

 

-¿Cómo es? ¿Me vas a denunciar?

-No, no.

-¿No?

-No quise decir eso.

-¿Me vas a denunciar? ¿Denunciar?

-No

-Te voy a tirar ácido en la cara. Y no vas a trabajar en ningún lado. Y ahí…ahí sí me vas a denunciar.

-No te voy a denunciar.

-¿Ustedes piensan que esto es una ‘joda’?  No te aguanto más.

 

Morales Comini y Caroso vivían juntos en un departamento de la calle Tinogasta, altura 5081.

Comenzaron a manejar tres prostíbulos que también dejaban, siempre según datos de la Justicia, al menos cinco mil pesos de ‘ganancias’ por día.

Uno de los antros que regenteaban estaba ubicado sobre la avenida Santa Fe, y los otros dos sobre la calle Esmeralda. Morales Comini y Caroso –la tía de Castrillón- también contaban con protección policial.

 

-Hablé con ese ‘basura’ de la 17…

-¿Hablaste con ese?

-Sí, ya hablé

 -¿Y?

-Voy a hacer lo que él diga.  No quiero estar mal.

-Los que conocés vos…ese es un hijo de puta.

-No queda otra. Por ahora, es el único.

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– La casa de Juan Domingo Perón, altura 2123-

Hay una tercera organización criminal dedicada a la trata de personas que opera impunemente en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene como su principal punto de recaudación una vieja casa –ubicada junto a un colegio- en la calle Juan Domingo Perón, altura 2123. Cuando los federales allanaron la casa el 26 octubre de 2013, Sandra Carina Rodríguez no estaba allí. Llegó pocos minutos después. Y quedó detenida.

La Justicia la señala como responsable por la captación y explotación de al menos a tres mujeres. En la casa de la calle Juan Domingo Perón, los investigadores rescataron a una chica de Buenos Aires, a una joven que nació en Brasil -pero tenía documento de Paraguay-, y a otra mujer que también provenía Paraguay.

¿Es Sandra Carina Rodríguez la líder de esta organización? No. Pero su participación fue clave para que la mafia pudiera retener a las mujeres, y obtener ganancias económicas al venderlas como esclavas sexuales en turnos de media hora…e inclusive enviado a las chicas a diferentes domicilios particulares.

Hay incontables denuncias que vinculan la casa de Juan Domingo Perón 2127 con una mafia policial, que claramente goza de protección política.

Los agentes federales encubiertos investigaron este lugar –siempre según el expediente- al menos veinte veces. 

Un extracto textual de la causa despejará cualquier duda. Por ejemplo: “El inmueble fue investigado en el Expediente 96.404/2012 de la Unidad Especial Fiscal Móvil para la Inv. De Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (U.F.A.S.E.), debido a que se denunció -conjuntamente con otros domicilios- como un ‘privado’ protegido por la Comisaría 5”.  Al cierre de esta publicación el prostíbulo sigue funcionando.

Las mujeres del petróleo

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Dominicanas en la Patagonia

*Adelanto del libro Las mujeres del petróleo, del periodista Belisario Sangiorgio Trogliero

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Una red de tratantes de personas que operaba en las ciudades de Esquel, Gobernador Costa y José de San Martín contaba con la protección de algún actor político o policial de la escena local.

Esto se deduce a través de diferentes tramos del expediente judicial.

Los investigadores federales llegaron a datos específicos de estas mafias por una mujer que denunció ante Gendarmería Nacional la explotación de mujeres dominicanas y paraguayas en “condiciones inhumanas”, según consta en los documentos de la causa.

Tras la investigación, ocho criminales fueron procesados por pedido de la Fiscalía de Esquel.

Por ejemplo, uno de los antros controlado por estas mafias era supervisado permanentemente por la policía. El expediente dice: “Algunas personas refirieron que la policía concurría periódicamente para constatar que las mujeres que se encontraban en situación de prostitución tuvieran la libreta sanitaria al día”.

Otro ejemplo de protección: tres de estos antros, a su vez, fueron clausurados y reabiertos casi inmediatamente.

Los investigadores determinaron que, en este caso puntual, las diferentes células criminales –tal vez vinculadas entre sí- pertenecientes a los diferentes grupos delictivos que dominan la trata de personas sobre la Cordillera de los Andes, acogieron, engañaron y explotaron a más de 20 mujeres. Algunas provenientes de República Dominicana. Otras llegadas desde Paraguay. También argentinas.

Según detalla el expediente, un informe “elaborado por el Jefe del Escuadrón 37 de José de San Martín, Comandante Principal Heraldo Omar Cantero”, adonde detalla las tareas de inteligencia realizadas en un prostíbulo conocido como “La tía”, indica que “las mujeres que ofrecían servicios sexuales rotaban entre los diferentes locales” de la ciudad de Gobernador Costa.

A su vez, esta célula delictiva dedicada a la trata de personas –según documentos que aparecieron en los allanamientos- tendría otro antro de explotación en la ciudad de Sarmiento. Respecto a este vínculo de la mafia en otra ciudad, el expediente dice: “Asimismo, se encontraron 120 libretas sanitarias de mujeres  correspondientes a la Municipalidad de Sarmiento, provincia del Chubut (este hallazgo motivó la formación de una investigación por separado, que inalmente quedó a cargo de la Fiscalía Federal de esta ciudad, en el expte. nº FCR 635/2015)”.

Cabe destacar, por otro lado, un segundo hallazgo de los Gendarmes durante los allanamientos: “Se secuestraron diez libretas sanitarias extendidas por la Municipalidad de José de San Martín a mujeres, todas de nacionalidad paraguaya, para desempeñarse como ‘damas de compañía’”.

A continuación, un fragmento del expediente que permite comprender cómo eran los perfiles de las víctimas elegidas por estos criminales.

 

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