Educación

 


Capítulo 1

“Introducción a los sistemas criminales del conurbano bonaerense”*

Hernán trabaja como carcelero para el Servicio Penitenciario Bonaerense. Pómulos de calavera, ojos secos de tanto llorar, tatuajes en sus dedos flacos. “Trafiqué cocaína, marihuana, y asesiné a una persona”, recuerda, mientras una tormenta azul se derrumba sobre las calles de tierra, y él bebe café con la calma tiesa que en el conurbano sólo lucen los muertos y los homicidas.

—¿Usted traficaba y, mientras tanto, trabajaba en las prisiones?

—Sí. Yo llevaba drogas de una barrabrava hasta diferentes puestos de venta de zona sur.

—¿Aún distribuye drogas?

—No. Tiré los últimos cinco kilos en un tacho de basura cuando quise suicidarme. Decidí empezar un tratamiento para dejar de consumir— responde Hernán.

—¿Alguna vez intentaron matarlo?

—Dispararon desde una moto. Yo regresaba con mi hijita de la escuela.

—¿Por qué los narcotraficantes reclutan niños y adolescentes para comercializar drogas?

—Porque la droga, como la corrupción, está en todas las esquinas de Argentina.

Expedientes de diferentes investigaciones judiciales a los que tuve acceso exclusivo revelan que este año dos grandes grupos de narcotraficantes distribuían drogas con protección de la policía en los alrededores de escuelas y centros recreativos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

“La policía bonaerense recluta a los jóvenes de los barrios postergados para los mercados ilegales”, denunció en un reportaje el abogado Rodrigo Pomares, activista y referente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), una histórica organización social, que cuenta con un fuerte arraigo territorial en La Plata y es presidida por Adolfo Pérez Esquivel. “Podemos confirmar que –ilegalmente- niños y adolescentes son detenidos todas las semanas en las comisarías de los barrios”, dijo Pomares. Entre 2010 y 2017 se triplicó en el país la cantidad de adolescentes que aspiraron cocaína, según los informes más recientes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar).

Los barrios del sur de Buenos Aires conforman un laberinto infranqueable de calles sin nombres, riachos contaminados, dolor, viejas estaciones de trenes; un laberinto adonde es posible acariciar –entre el rocío de madrugada y el humo de algún basural- la opresión violenta de la sangre fresca: al menos 377 homicidios durante 2017, sólo en las localidades que se extienden desde Avellaneda hasta La Plata.

Las estadísticas indican que 16,4% de los adolescentes argentinos sienten curiosidad por probar cualquier droga. Y cada cinco estudiantes de las escuelas secundarias que consumen marihuana, al menos uno de ellos fuma para mitigar sufrimientos originados por “problemas personales”. Como Gonzalo, que no conocía ni un cine ni un teatro; hijo de criminales, adicto y prófugo por traficar cocaína. Recientemente, la policía lo capturó durante un operativo en el centro de rehabilitación “El tambo” de la localidad de Rafael Calzada, adonde el joven de 17 años intentaba recuperarse por sus adicciones.

Historias similares recuerdan los operadores estatales del centro de rehabilitación “Cura José Brochero”, ubicado en la localidad bonaerense de Temperley. Allí también recibieron a jóvenes desesperados que intentaban abandonar sus cortas carreras en el turbio submundo del narcomenudeo: “Atendimos a un chico que regenteaba búnkeres para traficantes en la villa Betharram; él ganaba mucho dinero, pero en los grupos de terapia solía decirnos que creció rodeado por delincuentes…que había atravesado situaciones muy complicadas”.

El Obispado de Lomas de Zamora confirmó que en este partido del conurbano los niños se vinculan cuando tienen alrededor de nueve años de edad con los grupos barriales de narcotraficantes. “Las adicciones no son un problema aislado”, dijo el sacerdote Osvaldo Mouriño, encargado de coordinar las actividades pastorales para rehabilitar a los niños y adolescentes que viven en los arrabales de la zona.

Reportes de agentes infiltrados de Gendarmería Nacional a los que accedí de forma exclusiva indican que en Lomas de Zamora, puntualmente en el barrio Villa Albertina, actúa una importante banda de criminales paraguayos que recluta adolescentes adictos para custodiar viviendas identificadas como centros de acopio, fraccionamiento y distribución de cocaína. A su vez, muy cerca de allí -en un barrio llamado Ingeniero Budge- los vecinos advierten por la expansión endémica de focos de venta de drogas, y por la presencia de traficantes armados que se apropian temerariamente de parcelas comunitarias en los asentamientos, según documentos oficiales.

Durante 2017 -en toda la provincia de Buenos Aires- 2.434 niños y adolescentes fueron formalmente detenidos por la policía, y luego imputados: el Ministerio Público Fiscal les atribuye 4.281 delitos. Al menos 1.424 de estos jóvenes delincuentes pasaron la última Navidad privados de su libertad, en centros de menores o con prisión domiciliaria.

***

David conoció por primera vez un centro de menores cuando aún era un inofensivo ratero que hurtaba teléfonos celulares. Cumplió su condena en 2015 –a los 18 años- y regresó al asentamiento, pero ya transformado en un despreciable narcotraficante. Desde entonces, no ha dejado de vender cocaína y paco para los jóvenes que deambulan extraviados por los pasillos cloacales del mismo barrio que lo recibió cuando él llegó junto a sus padres desde Lima, Perú.

“Los centros de menores y los institutos son iguales a las cárceles; ahí aprendés cómo delinquir, peleas con cuchillos para que no te violen y para que no te roben las zapatillas”, dice, mientras abre una pequeña bolsa blanca y sirve prolijamente la cocaína sobre una mesa. Aspira el polvo. Mira el techo durante pocos segundos, después observa la pantalla táctil de su smartphone, bebe cerveza, pasa la botella, abre la puerta de la casa para sentir en su cara el viento leal del Riachuelo; David piensa la noche de los rincones del barrio, piensa en una oscura calma que lo encuentra hoy como tal vez mañana lo encuentre la muerte: solo, con droga en la sangre, mientras recuerda a su hija.

“¡Habla!”. “¡Una bolsa de cincuenta, David!”. “¡Toma, huevón!”. Vende, cierra la ventana y revisa una biblioteca destartalada. Escarba como un minero algo excitado entre sucias prendas de ropa y botellas brillantes de productos de limpieza. Finalmente, elige un disco de música caribeña. Lo coloca dentro del reproductor. Y la televisión –marca Toshiba, 40 pulgadas- escupe una canción del puertorriqueño Héctor Lavoe. David sirve la cocaína sobre la mesa. Enciende un cigarrillo Marlboro, muerde el filtro, observa el humo. Luego, encara con pasos duros hacia una escalera ingrávida, una escalera fina como precipicio que lo lleva hasta el segundo piso de la humilde casilla. Los ruidos indican que abre y cierra cajones.

David baja con una pistola algo oxidada en la cintura. “Ayer le corté el dedo a un paraguayo y tengo miedo de que venga para la revancha”. Inmediatamente, recuerda que hace dos meses alguien intentó asesinarlo. Pero él sobrevivió y se siente fuerte. Ríe. Seca el sudor de su frente con una remera. Tiene los nombres de sus cuatro hijos tatuados en diferentes partes de los brazos. Cansado, decide sentarse y apoya su nuca en el respaldo de un sillón viejo que tiene agujeros y manchas de vino.

Desde allí, desde ese trono miserable, usa una tarjeta de crédito para peinar en rayas la droga, y parece un ángel maldito que pinta un cuadro de odio con pigmentos del infierno: “Me gustaría escribir un libro…cuando salí de la cárcel comencé con los talleres de poesía en el centro cultural del barrio…pero dejé de ir porque me pedían que participe, que me involucre …dejé de ir porque no quiero joder a las personas del barrio con las cosas que yo hago…no puedo dar apoyo escolar para los nenes y vender droga”.

Sus amigos –o esos peruanos que dicen ser sus amigos- dejan que David hable. Ellos no hablan. Voraces agarran la droga cuando él la suelta, como palomas hambrientas, y luego se pierden entre los charcos de agua estancada del pasillo; salen cada diez minutos para comprar cervezas y cigarros. David se droga con ritmo, y exhibe un carácter peligroso.

Aspira y aspira. Levanta la cara de la mesa mientras agarra su nariz. “Hace cuatro meses que esa puta no me deja ver a mi nena, y mi hija está enfermita…necesita a su papá…pero esa puta…mi esposa…por eso la cagué a palos…porque es una puta”, dice en voz baja, con un tono vehemente pero disuelto en vergüenza. Aprieta los dientes. Y sus ojos se congelan lentos mientras él mira unas imágenes religiosas que descansan celestes sobre la mesada de la cocina del búnker.

—¿Esas estatuas de la Virgen son tuyas?

—Son de mi vieja. Yo no creo en nadie. Me va pasar todo lo que me tenga que pasar.

***

Durante diferentes entrevistas, dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que desde enero de este año el Poder Ejecutivo bonaerense intenta, inconstitucionalmente, desplegar agentes del Servicio Penitenciario (SPB) en los institutos adonde son alojados los menores en conflicto con la ley. Estos centros de detención están bajo control del Ministerio de Desarrollo Social porque la legislación argentina y los tratados internacionales de Derechos Humanos prohíben designar efectivos de las fuerzas de seguridad en cualquier tarea relacionada con la reinserción de niños delincuentes.

“Las nuevas generaciones del conurbano bonaerense fueron empujadas al desierto de la exclusión, y los barrios son infiernos; son cárceles a cielo abierto adonde la población es controlada por mafias que gozan de impunidad y de la tolerancia estatal. Para estos adolescentes -muchas veces- no hay otra opción que los delitos organizados…son reclutados por la policía”, denunció la abogada Laura Taffetani, referente de la Asociación Civil Pelota de Trapo y representante legal de la familia de Federico Zalazar, un joven que fue asesinado pocos meses atrás dentro de un centro bonaerense de detención para menores.

El pasado 8 de abril, Federico Zalazar llamó a su madre desde un teléfono público de la cárcel de menores, y advirtió que el Servicio Penitenciario Bonaerense estaba provocando, infundadamente, enfrentamientos entre jóvenes de diferentes pabellones. Pocas horas después de aquella comunicación, Federico murió porque otro preso adolescente le asestó ocho puñaladas en el cuello con una lanza casera de 63 centímetros: las primeras investigaciones sobre este crimen evidencian que aquella noche alguien repartió una gran cantidad de fármacos entre los internos del instituto.

Marcelo Brizuela y Fernando Fernández, militantes de ATE y asistentes sociales en una cárcel de menores de Lomas de Zamora, dijeron en una entrevista que el perímetro externo del instituto adonde ellos trabajan es custodiado por la policía bonaerense, y sin embargo -en el interior de la prisión- casi cien adolescentes detenidos pueden acceder cómodamente a drogas y teléfonos.

“Junto al incremento de la cantidad de detenidos, asistimos a la profundización del proceso de carcelización de centros para jóvenes mediante la creciente incorporación de agentes penitenciarios […] y la reproducción de prácticas arraigadas en la cultura institucional de las prisiones para adultos”, explica un informe de este mes sobre el estado de las cárceles de menores que fue elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Funcionarios bonaerenses de la primera línea de los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social rechazaron la posibilidad de aportar datos y responder preguntas vinculadas con las diferentes denuncias de esta crónica periodística.

*En mayo de 2018, este artículo ganó el premio a la mejor crónica periodística otorgado por el diario LA NACIÓN y la Universidad Torcuato Di Tella.


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