Trata de personas en las fronteras argentinas

*El capítulo completo -con expedientes y documentos- fue publicado en  el libro Los traficantes de Belisario Sangiorgio.


 

-¿Cómo andás?

-Bien. Ya estoy en Salta. ¿Por qué?  

-No…yo te pregunto, porque mi hermano es directivo de la Cámara del Tabaco. Siempre vienen ‘vagos’ de Buenos Aires. De la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación [sic]. Y ellos…nosotros conocemos un par.

-Seguro.

-Una rubia que se llama Nicole. Otra flaca, le dicen Loli.

-Sí.

-Antonela…no sé si está en Chile…una morocha, flaca.

-Está en Chile.

-Claro…pero…necesitamos…dice ‘nueva’. ¿Entendés?

-Seguro. Estas que te mandé… ¿las conocés?

-No.

– Una tiene diecisiete años…

 

El 26 de octubre de 2012, una mujer -cuyas iniciales son F.R.A- se presentó en la Fiscalía Federal N° 1 de Salta y dijo que Claudia Marcela Castro y Jessica Marisol Aguirre dirigían desde el Noroeste de Argentina los movimientos locales de una organización criminal internacional.

Según la denuncia, esta mafia operaba en el país con un objetivo único: captar mujeres, someterlas, trasladarlas y –finalmente- alquilarlas como esclavas sexuales para obtener dinero a través de la explotación de sus cuerpos.

Los agentes de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sabían perfectamente qué documentos buscaban cuando tumbaron la puerta de la casa en la que vivían Claudia Marcela Castro y Jessica Marisol Aguirre. Ambas mujeres estaban asociadas con un importante empresario de Chile llamado Mark Anthony Rodríguez Gómez.

Según información de Gendarmería Nacional, desde 2010 Mark Anthony Rodríguez Gómez entró y salió de la Argentina 22 veces; y su hermano, Jonathan Alex Rodríguez Gómez entró y salió 16 veces.

Por otro lado, Claudia Marcela Castro cruzó la frontera en 21 oportunidades, y Jessica Marisol Aguirre lo hizo en 19 ocasiones.

¿Quién es Mark Anthony Rodríguez Gómez? En Argentina hay poca información sobre este empresario. Puntualmente, se conocen cinco datos concretos:

-Al cierre de esta publicación, estaba prófugo de la Justicia y tenía un pedido de captura internacional.

-Entre 2009 y 2015 administró al menos dos clubes nocturnos en la localidad fronteriza de Calama, Chile.

-Declara como su domicilio oficial uno de estos dos clubes nocturnos en Chile.

-Intentó abrir un club nocturno llamado “El señor de la noche” en Salta, Argentina, pero sus dos socias –Castro y Aguirre- fueron acusadas de integrar una red de trata de personas, y encarceladas preventivamente.

-Una de sus socias –Castro- tenía un Poder Especial que le permitía realizar todo tipo de trámites en representación de Mark Anthony Rodríguez Gómez.

-El documento que prueba el vínculo del empresario con Castro y Aguirre-

La denuncia inicial señala que las mujeres captadas por esta red eran explotadas en Argentina, y también trasladadas al norte de Chile, una rica región plagada de yacimientos minerales.

Los diálogos que Claudia Marcela Castro y Jessica Marisol Aguirre mantenían con sus operadores territoriales y con los clientes de la mafia se transformaron pruebas irrefutables para los investigadores judiciales.

-Hoy hay una fiesta.

-¿Si? Mirá vos.

-¿Conocés alguna chica? Se me borraron los contactos del teléfono.

-Podría ser la sobrina de Agustina, pero tiene 15 años.

-Vamos a ir en cana.

 

F.R.A realizó una denuncia en la Fiscalía Federal N° 1 de Salta porque, cuando era menor de edad, fue víctima de esta red conformada por tratantes y explotadores de mujeres. Una red que tendría –según el expediente- clientes del “poder político”.

El relato de esta joven –que tenía 18 años cuando acusó a la mafia- contiene macabros detalles sobre el circuito que las adolescentes recorrían mientras eran captadas y trasladas a Chile.

Por ejemplo, F.R.A detalló que cruzó la frontera utilizando un documento falso “con el nombre Florencia Rearte Scachi”. En aquella oportunidad, viajó en un automóvil con otras cuatro mujeres, presuntamente menores de edad, que –llorando- rogaban no ser trasladas al país vecino.

Finalmente –siempre según el relato de la joven- arribaron a la localidad de Tocopilla, Chile, “adonde permanecieron en una vivienda junto a otras 40 mujeres, mayores y menores de edad, provenientes de Ecuador, Paraguay, Bolivia y Perú”. En este punto, F.R.A explicó que ninguna de esas chicas tenía sus propios documentos.

Los datos de la investigación judicial indican que cuando Marcela Castro y Jessica Aguirre viajaban a través de la Cordillera de los Andes para ver al empresario chileno, se trasladaban con varias mujeres captadas por esta red de trata de personas. Es decir, viajaban con mujeres que luego serían explotadas en algún club nocturno de Chile.

 

-Yo no quería viajar durante la mañana. Le dije a ‘Jessi’ que viajáramos el miércoles.

Claro.  

-Pero no da, porque el tipo nos está esperando.

-No, más vale.

-¿Viste? Cuando uno tiene estos arreglos… llevamos como cinco, seis minas…van con nosotras.

-¿En el auto?

-No, no, no. Yo saqué a ‘Paolita’. La mandé en el colectivo.

 

El relato de la joven víctima F.R.A permitió –también- que las fuerzas federales irrumpieran en el inmueble que Castro, Aguirre y el empresario chileno Mark Anthony Rodríguez Gómez habían preparado en la provincia de Salta para poner en funcionamiento un ‘cabaret’.

Según el informe de los agentes, el sitio tenía “características similares a un galpón de depósito con una barra para expendio de bebidas”.

En el domicilio de Claudia Marcela Castro “se secuestraron constancias de giros de dinero remitido por el ciudadano Mark Anthony Rodríguez Gómez”.

 

-Hola, Omar.

-Jessi, ¿cómo estás?

-Bien. Todo bien.

-Me alegro mucho.

-¿Te puedo hacer una pregunta, Omar?

-Dime.

-¿Te hacen falta niñas? Tengo tres muy lindas, recién llegadas, que quieren trabajar.

 

Del testimonio de F.R.A se desprenden dos datos importantes: en primer lugar, la joven confirmó que Castro golpeaba a las adolescentes, y las amenazaba diciendo que podía dañar a sus familias. También decía que tenía el poder para involucrarlas en una causa judicial de narcotráfico, porque contaba con contactos en ‘la policía’.

Por último, tal vez sin imaginar el alcance de sus palabras, F.R.A dijo a los investigadores judiciales que Marcela Castro estaba fuertemente vinculada con los administradores de dos prostíbulos específicos que funcionaban en la ciudad de Salta. Estos dos prostíbulos fueron allanados y los casos se abordarán en los dos capítulos posteriores.

En cuanto al destino de los tres acusados en esta investigación –las dos mujeres y el empresario prófugo- el fiscal Ricardo Toranzos y el titular del Juzgado Federal N°1, Ricardo Bavio, impulsaron y dispusieron –respectivamente-  los procesamientos “con prisión preventiva, por considerarlas coautoras prima facie responsables del delito de trata de personas por haber captado, ofrecido y trasladado a mujeres con fines de promover, facilitar y comercializar la prostitución ajena, agravado por haber abusado de la situación de vulnerabilidad de aquellas, por el número de víctimas, por haberse consumado la explotación y por la presencia de menores de 18 años”.

Finalmente, Castro y Aguirre fueron condenadas pero con una calificación delictiva más leve.

 

La conexión “Calama”

La misma denuncia que permitió perseguir a Mark Anthony Rodríguez Gómez, y encarcelar a Claudia Marcela Castro y Jesscia Marisol Aguirre, se cruza –según declaraciones de una testigo clave- con otra investigación realizada por la Policía Federal, que comenzó el 29 de mayo de 2013.

Durante los procedimientos de infiltración, casi inmediatamente, los agentes detectaron movimientos extraños en la principal terminal de ómnibus de la provincia de Salta.

Según intuían los detectives, algunos taxistas –que trabajaban en la estación de colectivos- conformaban el primer eslabón de una red de trata de personas y explotación sexual que movía mujeres entre Jujuy, Brasil y Chile.

El 15 de agosto de 2013, al menos 70 agentes de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresaron violentamente en tres viviendas y en tres ‘cabarets’ de Salta. Hasta allí, llegaron con perros e investigadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Mientras se realizaban los operativos, un funcionario de la AFIP confirmó a la prensa que, con los allanamientos, intentaban quebrar a una segunda célula “estrechamente vinculada con la conexión de Calama, Chile”. Es decir, vinculada con la mafia que intentaba instalar en Argentina una sucursal de “El señor de la noche”.

Según información del expediente judicial, en una de las casas los agentes federales confiscaron “fotocopias de documentos, un revólver, 52.210 pesos y fotografías de mujeres”. Los tres ‘cabarets’ allanados se llamaban ‘Terra Nostra’, ‘Quijote’ y ‘Blue Sky’, este último también conocido como ‘Rumy’.

En este punto del relato es necesario realizar una aclaración histórica. El 13 de diciembre de 2008 desapareció en la ciudad de Salta una mujer llamada María Ester Maidana. Trabajaba en el bar de “Quijote”, y aún nadie ha podido encontrarla. Sus dos hijos todavía la esperan. Tiene 35 años.

Durante los allanamientos mencionados, en estos tres antros inmundos la PFA y la PSA rescataron a 34 mujeres víctimas del delito de trata de personas. Además, los detectives hallaron droga.

Tras los operativos policiales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que muchas de las víctimas rescatadas “no tenían sus documentos de identidad” y “dijeron que los habían extraviado”. Pero finalmente los equipos de contención psicológica que ingresan junto a los federales, constataron que “los dueños de los locales” tenía las identificaciones de las mujeres.

El 17 de octubre de 2013 –siempre según información del MPF- el Juzgado Federal N°2 de Salta “dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de seis personas acusadas de los delitos de promoción de la prostitución, facilitación del lugar para ejercer la prostitución y captación con fines de explotación sexual, agravados por la vulnerabilidad de las víctimas”.

Sin embargo, el 2 de junio de 2014, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocaron los procesamientos con prisión preventiva, liberaron a los sospechosos, y cambiaron la acusación contra los detenidos…cuya conducta los magistrados resumieron en “facilitación de la prostitución”.

Sobre esta decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el fiscal de la causa, Eduardo Villalba, dijo: “Se trata de un fallo desacertado, que fue en un sentido contrario al esfuerzo puesto en la investigación”

Por último, al analizar el desarrollo de este caso y la actuación de los jueces salteños, el fiscal de la Procuraduría Contra la Trata y la Explotación Sexual, Marcelo Colombo, explicó que en “estos casos” suele haber problemas “para avanzar hacia los núcleos de poder más duros” porque existen “funcionarios públicos muy poderosos, que pueden tener contactos con funcionarios judiciales”.

La conexión “Lamas”

-Graciela

-Hola, ‘Mari’. ¿Todo bien?

-Todo bien. ¿Ahí?

-Bien

-Anotá bien cada vez que alguna chica se ocupe.

-Sí. Anoto en el cuaderno de hojas cuadriculadas.

-Sí.

-Anoto… ‘pagado’.

-Sí. Cada vez que hagan un ‘servicio’.

-Dale.

-En un rato estoy por ahí.

-Dale.

-Si alguna quiere comer, dale la plata y anotá en ‘deudas’.

-¿’Mari’?

-¿Qué?

-Llamó un tipo. Dice que quiere acostarse con varias chicas.

-Comentale la tarifa de ‘fiesta privada’.

-¿La que es más cara?

-Sí.

 

Los detectives conocían todos los movimientos de María del Valle Lamas. La vigilaban desde un automóvil. Si ella se movía, ellos también se movían.

No tardaron muchos días en corroborar que era verdadera la información aportada por la joven de 18 años que denunció a la mafia de “El señor de la noche”: en Salta, Lamas manejaba una pequeña red dedicada a la trata de personas y la explotación de personas. Sin embargo, aún hoy resta saber si existía otra conexión entre Lamas y los criminales de Calama, Chile, más allá de la amistad que mantenían las mujeres cabecillas de ambos grupos criminales.

Los policías encontraron documentos importantes en la casa ubicada en la calle Juramento 2378.  

Mientras un grupo de detectives irrumpía en la vivienda de Lamas, otro grupo de agentes entró en una casa ubicada sobre la calle Moldes, altura 232. Tras cruzar la puerta destruida, los agentes encontraron cinco mujeres semi-desnudas.

La revisión de los documentos incautados y las entrevistas con las víctimas rescatadas barrieron dudas. Para el Ministerio Público Fiscal la situación era clara. Lamas tenía montada una red delictiva que captaba y explotaba mujeres. Y este documento lo confirma:

Finalmente, tras varias apelaciones, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal evitó que Marina del Valle Lamas sea procesada bajo la simple acusación de “facilitación de la prostitución”.

Los jueces porteños Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos respaldaron la acusación del Ministerio Público Fiscal y –siempre según el expediente- confirmaron “el procesamiento dictado respecto de Marina del Valle Lamas pero en orden al delito de trata de personas en la modalidad de oferta y acogida con fines de explotación sexual, agravado por la cantidad de víctimas”.

 

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