Las mafias de Santa Cruz

*Adelanto del libro Las mujeres del petróleo, escrito por el periodista Belisario Sangiorgio Trogliero

by the sea (2)

El 23 de septiembre de 2017, el obispo de Río Gallegos y los Equipos Diocesanos de Pastoral Migratoria presentaron un informe en el que detallaron que -entre julio de 2016 y julio de 2017- al menos 79 mujeres fueron rescatadas en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.

“Nos sigue preocupando la alta tolerancia social a naturalizar el sistema prostibulario”, dijeron los líderes católicos de la región en aquel documento.

Más allá de la cifra puntual del relevamiento realizado por la Iglesia Católica, al destacar “algunos elementos comunes” detectados en allanamientos realizados en las ciudades de Río Gallegos, Puerto San Julián, Las Heras, Caleta Olivia y Pico Truncado, los religiosos destacan en su informe que en Santa Cruz “las pruebas recolectadas ratifican las denuncias de que el ‘negocio’ de la prostitución conlleva anexos los ‘negocios’ de las drogas y las armas”. 

La violencia expuesta por la Iglesia en su denuncia, también se refleja -como se observará a continuación- en las causas judiciales.

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El 30 de septiembre de 2008, M.E.G abordó un ómnibus en la provincia de Formosa junto a su pequeña hija de dos años. Llegó a la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 3 de octubre.

Allí la esperaba Alberto Domingo Irasmi, que conocía a la madre de M.E.G y –por eso- le había ofrecido un trabajo como empleada de limpieza en una casa de familia.

Irasmi recogió a M.E.G y la trasladó hasta una casa ubicada sobre la calle la Juan B. Justo 332. En esa vivienda apareció una mujer llamada Liliana del Valle López, que dialogó con M.E.G para avisarle que –en realidad- debería trabajar como camarera en un bar.

Fue así que el 4 de octubre por la noche, los criminales trasladaron a M.E.G rumbo a un prostíbulo llamado ‘Graciela’.

Allí –según consta en el expediente judicial- le dijeron que debía prostituirse o “podría pasarle algo a su hija”.

M.E.G pudo escapar, su marido viajó a Río Gallegos para ayudarla y –finalmente- decidió denunciar a quienes la habían engañado mientras recibía –personalmente y por teléfono- una gran cantidad de “amenazas de muerte contra su familia”, detalla el expediente.

En uno de los mensajes de texto, el delincuente Irasmi advierte a M.E.G: “Che, puta. Me enteré que estás por venir a declarar. Ojo con lo que decís. Te voy a romper la boca”.

Finalmente, ante la denuncia de la víctima (que ya estaba en libertad) la Brigada de Investigaciones Zona Sur de la Policía de la Provincia de Santa Cruz realizó diferentes infiltraciones. Mientras llevaban adelante las tareas de inteligencia, identificaron –en una casa llena de menores de edad- a un hombre llamado Esteban Eduardo Flores, que finalmente fue capturado y señalado como el jefe de esta mafia.

Cuando los agentes ingresaron en la vivienda de la calle Horst Thirauf 133, encontraron a “Liliana del Valle López, en compañía de otras cuatro mujeres que trabajaban en el bar ‘Graciela’; el mismo bar adonde forzaron a M.E.G para que se acostara con los prostituyentes que asistían a ese antro para comprar esclavas sexuales.

Los tres miembros de este grupo criminal fueron condenados a penas de entre 4 y 2 años de prisión, porque la Justicia comprobó que cometieron el delito de trata de personas.

Por último, cabe destacar que la Justicia investiga a una cuarta persona, llamada José Roberto Concha, que recibió envíos de dinero en efectivo por parte de López y de Flores.

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En una causa diferente, el 2 de junio de 2017, el fiscal federal Gonzalo Miranda acusó a cuatro personas de Río Gallegos, Santa Cruz, por conformar una red delictiva dedicada a la trata de personas y la explotación sexual.

Este grupo criminal habría operado en una zona conocida como “Las casitas”, adonde funcionaron históricamente los prostíbulos de Río Gallegos. En septiembre de 2011, el vecindario entero fue allanado y allí se rescataron 111 víctimas, según información del Ministerio Público Fiscal.

Los sospechosos investigados regenteaban un antro llamado “Verónica” y en la Justicia se desarrollaron dos diferentes investigaciones –que finalmente fueron anexadas- para desbaratar a esta banda.

La denuncia inicial fue realizada en mayo de 2009. Una mujer se acercó a la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (PROTEX) para denunciar que la muerte de su hija podía estar vinculada con un caso de trata de personas.

La joven llegó a Río Gallegos el 4 de septiembre de 2008. Fue captada por un hombre que permanece prófugo, cuyo nombre es ‘Fabián’.

Según el MPF, cuando arribó a Santa Cruz, “se alojó en el domicilio donde históricamente residían otras mujeres que luego serían explotadas sexualmente en el boliche ‘Veronica’.”

Luego, el informe del MPF detalla: “Al día siguiente, partes del cuerpo de la víctima fueron encontrados en una obra en construcción […] Tiempo después, un hombre se declaró culpable del hecho y finalmente se suicidó”.

Paralelamente, en 2011 una segunda investigación de PROTEX que estudiaba los movimientos de criminales en Río Gallegos, determinó que “un ex comisario” –llamado Horacio Herrera- estaría involucrado con estos grupos de trata de personas, e inclusive podría ocupar un rol clave en la organización ya que –por ejemplo- fue grabado mientras dialogaba con el juez Mario Reynaldi acerca de los prostíbulos.

 

s.

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