Breve ensayo sobre las muertes en la fiesta “Time Warp”

Diez años ejerciendo dignamente el duro oficio de periodista me han enseñado que los peores crímenes se desencadenan en esa fétida y enorme habitación sin paredes que llamamos olvido. Los peores crímenes transcurren cuando las cámaras se apagan, cuando los periódicos viejos vuelan por las calles vacías del invierno. No importan los títulos de las tapas de los diarios, no importan las estupideces que digan los estúpidos conductores de los programas de televisión. Más tarde, o más temprano, la aceleración perpetua de nuestros días mastica y traga todas las muertes, todas las investigaciones, todas las tragedias. Sin embargo –en algunas ocasiones- la honestidad y la inteligencia de los investigadores judiciales logran ubicar a los delincuentes tras las rejas de la prisión.

El sábado 16 de abril de 2016, Argentina amaneció con una triste confirmación: durante la fiesta “Time Warp” – realizada en Capital Federal- cinco jóvenes habían muerto por consumir drogas. Y cinco más peleaban por sus vidas conectados a respiradores artificiales. Aquel día, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, Federico Delgado, tuvo que iniciar la investigación que –finalmente- determinaría cómo y por qué perdieron su vida esos cinco jóvenes.

Un mes después, el 16 de mayo de 2016, Delgado explicaba a través de un dictamen que –esa fatídica noche- se creó en el predio Costa Salguero un “espacio social excluido de la soberanía estatal, que estuvo sustraído de cualquier tipo de control público y que permitió en los hechos el funcionamiento de una suerte de mercado al que concurrían libremente quiénes querían vender y los que deseaban comprar drogas prohibidas y que culminó con cinco muertes”.

¿Quiénes crearon ese espacio? Tras la investigación, el titular de la Fiscalía N°6 acusó por “comercio de estupefacientes agravado y abandono de persona seguido de muerte” a Víctor Stinfale, Adrián Conci, Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Nicodemo Penise y Martín Gontad.

Luego, el juez Sebastián Casanello avaló la acusación, y los procesó.

Finalmente, la Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó que “la voluntad” de los empresarios acusados – y la de sus laderos operativos – “nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrentes”, sino que esta organización intentó “cubrir exclusiva y excluyentemente las exigencias particulares de una parte importante del mercado como vehículo para garantizar el éxito económico del evento: proveer un ambiente donde la venta y el consumo de estupefacientes se desarrollara sin inconvenientes”. (Página12 – Edición 5/7/2016)

Además, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun destacaron: “Los responsables de la organización quebrantaron sus obligaciones con el objetivo de obtener el mayor rédito posible, limitándose a cubrir en teoría –es decir, para la cantidad de asistentes declarada– los requerimientos formales que se exigían para su habilitación”. Y, por último, señalaron: “Se ha acreditado que el personal de seguridad contratado –formal e informalmente–, fue designado para actuar en los lugares periféricos a efectos de controlar –y contabilizar– el ingreso, mas ninguno estuvo destinado a monitorear cuanto ocurría en el interior donde se encontraban, precisamente, los concurrentes”.

Sin embargo, ese frío 4 de julio de 2016, Farah e Irurzun modificaron la calificación del delito, y procesaron a los seis sospechosos por “facilitación del lugar para consumo y venta de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas”. Todos los acusados fueron liberados, y enviados a sus casas con una tobillera electrónica.

Para ese momento, los jóvenes que quedaron conectados a un respirador por consumir drogas durante la fiesta estaban mejor, y habían abandonado las salas de terapia intensiva de los hospitales.

De los muertos ya nadie hablaba.

Sobre esta semana de julio, cabe destacar que –mientras La Nación y Página 12 difundían datos acertados y verdaderos acerca de los nuevos procesamientos- la agencia estatal Télam informaba los días 4/7/2016, 5/7/2016, 6/7/2016 y el 5/8/2016 que la Sala II de la Cámara Federal había levantado los procesamientos por “facilitación del lugar para consumo y venta de estupefacientes”.

¿Error? ¿Ignorancia? El 4 de julio, Télam publicaba: “El tribunal calificó los delitos por el que están procesados como ‘homicidio culposo y lesiones graves culposas’, pero eliminó el más grave, de ‘facilitación de lugar para el consumo y venta de estupefacientes’ por el que los había procesado el juez Casanello”.

Falso. Y esa información fue publicada sucesivamente en otras tres oportunidades. Por último, para dejar claro el trabajo de la agencia estatal de noticias en el caso “Time Warp”, sirve como ejemplo el artículo del 5/7/2016, en el que se transcribe un reportaje de Fernando Burlando -abogado de Conci-  en la radio AM 950. En el quinto párrafo, el texto dice que los procesados fueron liberados de la acusación de ‘facilitación de lugar para el consumo y venta de estupefacientes’. Pocas letras después, en el séptimo párrafo dice, textual: “Burlando explicó que el tribunal entendió que ‘no hay ningún vínculo con los dealers, ni ninguna de las personas que estaba vendiendo estupefacientes’ dentro de la Time Warp, ‘pero sí entiende que se facilitó el lugar para la venta y consumo, que es algo diferente’, e implica que ‘algunos controles evidentemente no funcionaron o no funcionaban para ellos tener un mejor lucro’” (SIC).

En resumen – como dije antes – los jóvenes que estaban en estado crítico sobrevivieron, y de los muertos ya nadie hablaba. Ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en las radios. Para este punto, todos los debates alrededor de la causa “Time Warp” se concentraban en la suerte que le tocaría al mediático abogado Víctor Stinfale.

Probablemente, el único sitio en el que aún había personas pensando en las víctimas, en los cincos muertos, era el enorme y mudo edificio de los tribunales, ubicado sobre la avenida Comodoro Py al 2002: desde allí, el 9/9/2016, el fiscal Federico Delgado –que todavía estaba a cargo de la investigación- acusó a tres personas por vender drogas en la fiesta “Time Warp”.

Obviamente, la noticia pasó inadvertida.

Ya nadie en las oficinas de la prensa quería hablar de cinco personas que habían muerto hace casi cinco meses en una fiesta organizada por poderosos empresarios que no habían podido escapar a sus responsabilidades; responsabilidades que -a esta altura- ya habían sido señaladas por un fiscal y por tres jueces.

Me alcanzan los dedos de una mano -y esto también es una autocrítica- para contar los periodistas que se atrevieron a describir el entramado societario detrás del inmenso negocio millonario que se ejecutó en Costa Salguero mientras los jóvenes morían.

El 27 de marzo de 2017 los mismos jueces (Irurzun y Farah) que habían confirmado el procesamiento de los cinco acusados por facilitar un lugar “para consumo y venta de estupefacientes”, decidieron apartar al fiscal que dirigió la investigación por pedido de los abogados defensores de los empresarios….los mismos empresarios que continúan procesados por homicidio.  

Las cámaras comenzaban a apagarse de forma definitiva.

La tinta de los periódicos se escurría por otras crónicas.

Pero aún faltaban dos días.

El 29 de marzo de 2017, el principal acusado por las muertes en la fiesta –Víctor Stinfale- apareció sentado en el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino y que transmite el canal América. Allí, Stinfale no sólo insultó al fiscal –un funcionario del Ministerio Público que investiga narcotraficantes, tratantes de mujeres y ex funcionarios corruptos, por ejemplo- sino que, además, dijo: El que se lo va a ‘cargar’ a Delgado es Víctor Stinfale. ¿Qué es ‘cargar’? Sacarlo de la Justicia. Lo voy a sacar por la puerta del costado”.

Y ese día, con esa lamentable y asquerosa entrevista, la prensa masiva se retiró para siempre del caso “Time Warp”.

La semana pasada –tres meses después de que Fantino protagonizó ese asqueroso reportaje con Stinfale- este blog accedió a una carta que Federico Delgado, el principal investigador judicial de la causa “Time Warp”, presentó ante el juez Martínez de Giorgi como imputado, porque –ahora- el fiscal fue denunciado por los abogados del mismo grupo empresario que él señaló como responsable por las muertes.

Según el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, Federico Delgado, esta denuncia en su contra impulsada por los abogados de Stinfale intenta “disciplinarlo” y “romper” la investigación que busca esclarecer –definitivamente- por qué en el evento del 16 de abril de 2016 murieron cinco personas y otras cinco quedaron severamente heridas.

En esta carta, Delgado dijo: “Fui cauto y respetuoso frente a estos sucesos. Sobre todo, porque es normal que en tribunales los procesados denuncien a los que creen que son sus verdugos. A menudo confunden la ley, con los trabajadores que la ponen en movimiento. Sin embargo, el devenir del expediente me obliga a dejar plasmadas estas reflexiones frente a posibles consecuencias futuras porque, temo, estoy comprendiendo las causas de estos acontecimientos”.

“Hay un querellante ilegal. No se sabe bien cuál es el objetivo formal de la pesquisa. ¿Será la hipótesis de violación de secretos?, ¿incumplimiento funcional? Aun cuando se pueda sostener algo parecido, según la ley de procedimiento esos delitos no admiten la querella particular. Pero la hay. Paralelamente fui amenazado públicamente por TV y redes sociales por parte de los procesados y sus abogados. Puse en conocimiento esos hechos del juez de instrucción de la causa ‘Time Warp’. Pero esas amenazas contaron con el silencio cómplice de las autoridades del Ministerio Público Fiscal, que no debían protegerme a mí, sino al organismo”, continuó Delgado.

A su vez, dijo: “En el momento de mayores ataques fui excluido ilegalmente de la causa ‘Time Warp’. Esa exclusión fue acompañada de nuevas amenazas públicas. Hace una semana fui atropellado por un auto. Ese hecho que es materia de investigación, fue festejado por personas vinculadas a los procesados”.

“Aquí investigamos a represores, espías, banqueros, ex funcionarios, funcionarios actuales, operadores judiciales, narcotraficantes y redes de trata. En muchos de ellos hay ánimo de venganza. Algunos lo hacen por redes sociales, otros por denuncias, otros amenazan. Todos cuentan a favor con un dato concreto: la desprotección institucional. Aquí la cosa es peor. Pero no voy a hablar de ello. Sí del daño para todo un equipo de personas  que a partir del 16 de abril de 2016, cuando murieron los chicos de ‘Time Warp’ por ingesta de drogas,  durmió menos, trabajó en exceso, sufrió más de la cuenta y se esforzó para descubrir una tragedia que reveló el maridaje entre lo público y lo privado que fue fuente de muerte. Lo descubrió y probó. Como en otras causas, se concluyó que la corrupción mata”, dijo el fiscal.

Por último, Delgado dijo: “El mensaje institucional en términos de incentivos es tremendo. Sería así ‘no trabajes bien. Si lo haces, la propia ley funciona como instrumento para destruir lo legal y con riesgo de sanción penal’. Sin embargo, aquí estamos. Los procesados por homicidio son querellantes, yo designando defensores, un equipo manchado gratuitamente. Todos envueltos en un ecosistema de soledad. Señor juez, no permita que la constitución deje de ser una fuente de libertad para convertirse en un instrumento de miedo, un objeto que aplasta a las instituciones y a las personas que las ponen en movimiento.  Después de todo, lo que enlaza la condición humana es la vulnerabilidad existencial, el miedo la acrecienta, el trabajo de hacer cosas con palabras desde las instituciones tiene como horizonte la libertad”.

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